Son los datos difundidos por el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven». La cifra total supone un caso cada 36 horas en el país. Salta y Santiago del Estero registran los casos más altos del NOA. Al menos 164 niños y niñas perdieron a sus madres.
El relevamiento del Observatorio contempla el periodo que va entre el 1 de enero y el 29 de septiembre del corriente año, mientras las provincias que más casos registra son provincias de Buenos Aires (61), Santa Fe (24), Córdoba (15). Le siguen Mendoza, Salta y Santiago del Estero con 10 casos cada una.
De estos femicidios, se conoció que en el 86,8% de los casos la víctima tenía algún vínculo con el agresor (41,2% era la pareja; 17,6% ex pareja, 14,3% familiar y 13,7% conocido). El 13,2% restante se reparte entre desconocidos (1,6%) o no se registran datos (11,5%). Además, hubo al menos 118 intentos de femicidio (al menos los conocidos o denunciados, 30 de ellos vinculados) y siete (7) transfemicidios/travesticidios (también puede ser mayor la cifra pero se desconoce por la poca visibilización en los medios) frente a 32 casos denunciados por organizaciones LGBTIQ+.
Por otra parte, el informe del Observatorio informó que el 63,7% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 23,1% en la vía pública, el 4,4% en la casa del agresor y el 8,8% restante no tiene datos registrados.
En relación a los femicidas: 42 se dieron a la fuga, de 44 no hay datos, 33 ocultaron su autoría, 34 se suicidaron tras el asesinato, 17 se entregaron o confesaron, 5 intentaron suicidarse y 4 solicitaron ayuda. De ellos, siete eran policías y uno gendarme..
Uno de los puntos más repudiables es la falta de accionar que demuestra la Justicia ante los casos de violencia de género. Aún en el 2022, el Poder Judicial tiene una gran deuda con las mujeres y el movimiento LGBTIQ+. De los 182 femicidios, solo 27 mujeres (es decir, el 15%) había realizado al menos una denuncia y otras 18 (10%) tenían una medida de protección judicial e igualmente fueron brutalmente asesinadas.
“A pesar de haber acudido a estas instituciones sus femicidios no fueron evitados. Además, cada caso de violencia que no tiene respuesta o protección es un mensaje desalentador y disciplinador para otras personas en situación de violencia de género.», manifestaron pidiendo por una «reforma judicial transfeminista» y la correcta implementación de la Ley Micaela. Por la inoperancia y negligencia, al menos 164 niños y niñas perdieron a sus madres. 13 de ellos, en el mes de septiembre.