Un estudio muestra la discriminación por género en la policía de Santa Fe. Las agentes sufren acoso sexual y no lo denuncian.
El trabajo del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a pedido de la Subsecretaría de Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad, revela también los efectos de la desigual distribución de las tareas de cuidado en las trayectorias laborales de las policías, que generalmente son relegadas a las tareas administrativas.


“Abortá por si sale policía”, dice un graffiti que todavía puede leerse en las calles de Rosario, escrito al fragor de una marcha. La relación entre el movimiento feminista y las fuerzas de seguridad es siempre tenso, porque la represión acecha las luchas callejeras. Y la presencia de mujeres uniformadas subraya la contradicción. Sin embargo, hay feministas trabajando para desarmar la estructura vertical y patriarcal de la policía, con un horizonte de democratización. En la provincia de Santa Fe, en 2005, un 15,4 por ciento de todxs lxs agentes policiales eran mujeres y en 2020, ese porcentaje subió a 35,2%. Hoy, la policía de Santa Fe tiene una jefa, Emilce Chimenti, y varias mujeres en los altos mandos. En diciembre de 2019, se creó la Subsecretaría de de Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad, a cargo de Natacha Guala, que generó -entre múltiples iniciativas- un protocolo de actuación ante situaciones de violencia machista en la institución. “En términos absolutos el número de mujeres policías en esta jurisdicción más que se triplicó y en términos porcentuales esto implicó más que una duplicación en sólo 15 años”, indica el resumen ejecutivo del informe Trayectorias y roles de las mujeres policías, realizado por el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a pedido de la Subsecretaría y a partir de un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones.

Las revelaciones son muchas. La más resonante es que más de un tercio de las mujeres policías dijeron haber sido víctimas de acoso sexual en la institución, al menos una vez a lo largo de su carrera. Por otro lado, 8 de cada 10 mujeres policías que padecieron una situación de acoso sexual señalaron que los protagonistas eran sus superiores jerárquicos y solo el 12% de las mujeres policías dijeron haber denunciado formalmente la violencia sufrida.

“Esto nos muestra cómo las situaciones de desigualdad entre varones y mujeres se ven cruzadas por cómo se construyen las relaciones de mando y obediencia al interior de la institución policial. El trabajo de las entrevistas en profundidad revela otra cosa que es muy interesante, que es el escaso nivel de denuncia formal de estas situaciones tanto de los acosos como de los maltratos laborales. En general, se recurre a soluciones que implican no denunciar la situación y por supuesto, no sancionar a nadie, ni darle visibilidad institucional”, plantea Máximo Sozzo, director del estudio, profesor de Sociología y Criminología de la UNL, y director de la Maestría en Criminología y el Programa Delito y Sociedad. Para él, este dato deja en evidencia que, así, “la institución sigue sin tener que hacerse cargo de eso de forma objetiva”. “Hay una cierta creencia de que los problemas se solucionan de otra manera, no acudiendo a la instancia institucional y el temor a la represalia funciona como un componente fundamental, lo que nos muestra cómo se construyen las relaciones jerárquicas adentro de la institución policial”. El miedo a que aumente el maltrato, o la estigmatización -en la figura de la “quilombera”- y eso perjudique sus carreras, es una de las razones por las acosadas no denuncian.

Hay otras revelaciones: casi 9 de cada 10 entrevistadas sostuvo que resulta difícil articular las exigencias de la vida familiar -con su sobrecarga de tareas de cuidado en comparación con los varones- con las exigencias del trabajo policial. Dos tercios de las entrevistadas sostuvo que las mujeres policías suelen ser indebidamente estigmatizadas por los varones policías, endilgándoles que, en función de las tareas de cuidado ligadas a la maternidad, solicitan permisos y licencias.

Mientras este informe se elaboraba, la Subsecretaría tomó medidas como la eliminación del pedido de examen de embarazo a quienes quisieran ingresar a la carrera policial, así como una licencia por embarazo, posparto y/lactancia para quienes estudien en el Instituto de Formación Policial.

Resulta llamativo que una inmensa mayoría de las entrevistadas considere que no existe la discriminación por género, y luego subraye cómo las tareas de cuidado familiar les impiden desarrollar su carrera como querrían. “Nosotras pudimos trabajar sobre algunas medidas, como por ejemplo, una resolución que permite el traslado temporario de las mujeres y de las personas gestantes durante el embarazo y el período posparto a un destino laboral más cercano a su domicilio, para que puedan ejercer la franquicia por lactancia y para que no tengan que pasar tantas horas por ahí lejos de sus hijes”, apuntó Guala.

El informe ejecutivo recoge algunas de las conclusiones de un trabajo que es un insumo de gestión. “A partir del trabajo de la Subsecretaría, y de este censo, se desnaturaliza algo demasiado generalizado, como es esto del acoso, y se visibiliza una problemática”, expresó Guala en diálogo con Las12, y aseguró que “contar con estos datos permite también dimensionar hasta qué punto esto es una problemática en la institución y que es fundamental de trabajar, porque también tiene que ver con cómo luego se abordan estas situaciones en la comunidad, cuando la policía tiene que intervenir. Entonces, las políticas siempre son hacia adentro y hacia afuera, y en la clave de la democratización institucional. Estamos convencidas de que, como todas las políticas públicas, la transversalización de género es una de los factores esenciales para los procesos de transformación de las instituciones y del Estado en su conjunto”.

Se trata de una investigación social inédita en su tipo en el país, y en América Latina, realizada entre 2020 y 2021, con entrevistas en profundidad a 95 trabajadoras policiales que se desempeñaban en las cinco unidades regionales más importantes de la Provincia de Santa Fe, con diferentes grados, antigüedades y tareas.

En cuanto al tipo de tareas policiales, existe una fuerte reproducción de un patrón tradicional con una sobre- representación en labores administrativas. Casi 6 de cada 10 mujeres policías dijeron realizar exclusivamente tareas administrativas.

En un contexto de una sociedad con altísimos grados de violencia, con los índices de homicidios más altos del país, una policía provincial fuertemente cuestionada por la presencia de sus agentes en organizaciones delictivas, ya que muchos juicios a las bandas que se dedican al narcotráfico encuentran a agentes policiales entre sus acusados; como así también por sus prácticas de violencia institucional, en una ciudad donde se desarrolla un juicio por la desaparición forzada -en octubre de 2014- de Franco Casco en la comisaría 7° de policía, ¿cuál es el valor de llevar adelante este trabajo y políticas de género en la policía?

Guala está convencida de que “los procesos de constitución de una institución más democrática y más igualitaria en términos de género también implica pensar en una policía más democrática”.

En la misma línea, Sozzo consideró que “en la institución persisten situaciones de desigualdad, discriminación, maltrato y acoso y nos muestra por lo tanto una agenda de trabajo hacia las mujeres y también hacia los varones policías, en tanto trabajadores estatales, en términos de cómo configurar una organización que sea capaz de evitar la reproducción sistemática de estas situaciones y de reaccionar frente a ellas”. Por eso, cree que “una institución policial que construye un modo de organización a su interior más respetuoso de los principios del estado de derecho democrático es también una institución policial que puede construir prácticas policiales alternativas aquellas que han generado la crisis de la institución policial contemporánea en Santa Fe”.

Fuente: Página12

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