La CGT Regional Salta, las dos CTA, la UTEP, gremios universitarios, jubilados, organizaciones sociales, partidos peronistas y de izquierda y organismos de derechos humanos se concentraron en la plaza 9 de Julio. Bajo altas temperaturas, denunciaron un retroceso histórico en derechos laborales y advirtieron que 2026 será “un año de lucha”, en una provincia golpeada por la pérdida de empleo formal.
Por Maira López para Salta 12
A las 17 en punto, comenzaron a llegar las columnas a la plaza 9 de Julio. El calor no fue un dato menor: con temperaturas todavía altas para la tarde salteña, la movilización se sostuvo durante varias horas con intervenciones en la glorieta y frente al Cabildo Histórico.
La convocatoria fue amplia y transversal, contando con la presencia de las centrales sindicales, movimientos sociales, universidades, jubilados y pensionados, partidos peronistas y de izquierda, y organismos de derechos humanos, que confluyeron para expresar un rechazo común a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La protesta incluyó vueltas a la plaza, un gesto cargado de simbolismo en el centro político e institucional de la ciudad. Las consignas apuntaron a la defensa de los derechos laborales, el reclamo de un paro general y la denuncia de un modelo económico que, según advirtieron, ya está dejando consecuencias concretas en Salta.
“Una reforma hecha para los patrones”
Desde la CGT Regional Salta, Carlos Rodas cuestionó tanto el contenido como la forma en que el Gobierno nacional impulsa la reforma. “No se puede discutir una reforma como la sacó el gobierno, porque simplemente es para los patrones, dejándonos a los trabajadores afuera”, dijo a Salta/12.
Rodas sostuvo que cualquier modificación del régimen laboral debería discutirse con una mirada federal y regional, puesto que “no es la misma la realidad del centro que la realidad del norte o del Chaco profundo de nuestras Salta”. En ese sentido, cuestionó que el proyecto beneficie a las grandes corporaciones y no contemple el entramado productivo local.
El dirigente sindical anticipó además un escenario de mayor conflictividad: “¿Cómo se va a encarar entonces el 2026? Con lucha. En la calle”. Y planteó la necesidad de avanzar hacia un paro general, porque “es la única manera que este gobierno reconozca a los trabajadores”. También vinculó la reforma con un modelo extractivista, asegurando que deja “pueblos empobrecidos” y trabajadores enfermos, sin desarrollo ni producción genuina.
“Es aberrante y va contra los derechos humanos”
Desde la CTA Autónoma, Julio Molina calificó la reforma como “aberrante” y contraria a la Constitución Nacional, a la OIT y a los tratados internacionales de derechos humanos. Recordó los avances históricos en materia laboral, como la jornada de ocho horas, y denunció que el proyecto implica un retroceso de más de un siglo.
Molina también puso el foco en la situación social, al sostener que hoy “hay familias que no tienen qué comer, que no tienen trabajo”. Sin embargo, destacó el valor de la organización popular: “Este puñado de gente que siempre son los menos son los que luchan por los derechos de miles de trabajadores argentinos”, expresó.
También alertó sobre la precarización salarial, recordando que están sin paritarias desde 2023, con aumentos impuestos del 1% y con el riesgo de perder sumas salariales que hoy se pagan fuera del básico. “Esta es una lucha que no termina”, afirmó, y llamó a profundizar la unidad gremial frente a lo que definió como “los últimos dos años” del gobierno de Milei.
Una “oportunidad perdida”, según Kosiner
El abogado y dirigente peronista Pablo Kosiner aportó una mirada técnica y constitucional sobre la reforma laboral. Consideró que es “una oportunidad perdida” porque no resuelve el principal problema del mercado de trabajo argentino: la informalidad.
“Lo que busca es bajar el costo laboral”, explicó, y sostuvo que eso no generará empleo en provincias como Salta, donde se necesitan reformas fiscales y productivas diferenciales. Además, remarcó que el debate es también constitucional, dado que la “Constitución Nacional protege el trabajo como un derecho social, y este proyecto va contra esos principios”.
Nenina Lescano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Mesa de Derechos Humanos de Salta, vinculó el rechazo a la reforma laboral con el contexto político e institucional del país. “La situación de lo que está viviendo este país, que hoy reivindica el terrorismo de Estado”, advirtió.
Lescano cuestionó las convocatorias formales sin discusión de fondo, al asegurar que “no basta ponerse una camiseta y hacer una conferencia de prensa diciendo que hay unidad. La unidad se construye con el tiempo y con la discusión política”. Y cerró con una consigna histórica: “Gracias por los 30.000 compañeros y compañeras. Ahora y siempre”.
“La dictadura del patrón”, según la izquierda
Desde el Partido Obrero, Claudio del Plá definió la reforma como “una especie de golpe de Estado” cuyo objetivo central es “cambiar la relación de fuerzas entre el obrero y el patrón”.
Del Plá detalló los retrocesos que impulsa el proyecto, como la pérdida del derecho a huelga, restricciones a la organización sindical, extensión de la jornada laboral y salario por destajo. “Todos los derechos que hoy tenemos fueron conquistados con luchas”, recordó. Y llamó a organizar un plan de lucha que incluya la huelga general.
En la misma línea, Andrea Villegas, del MST, reclamó un paro general inmediato y cuestionó el rol de la CGT nacional. “Es mentira que el trabajador está desmoralizado y no quiere luchar”, afirmó, y advirtió que las amenazas del gobierno pueden terminar generando una respuesta popular aún mayor.
El contexto: Salta pierde empleo formal
La movilización se dio en un contexto alarmante para la provincia. Según un informe reciente de CEPA Salta, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 497 empleadores y 11.714 puestos de trabajo registrados. La caída del empleo formal fue del 4,6%, con un impacto concentrado en pequeñas y medianas empresas, que explican casi el 73% de los puestos perdidos.
Los sectores más afectados fueron la construcción y la actividad agropecuaria, dos pilares históricos de la economía salteña. Con esos datos sobre la mesa, la plaza 9 de Julio volvió a ser escenario de una advertencia colectiva, por lo que, frente a una reforma que promete más precarización, seguramente la respuesta seguirá siendo la calle.