Comunidades y organizaciones de derechos humanos pidieron su inmediata libertad
Marta Herrera y Leonardo Pantoja fueron detenidos cuando fueron a denunciar por al finquero con el que disputan una franja comprendida dentro del territorio de uso ancestral.
Por Laura Urbano para Salta 12
Cuando Marta Herrera y Leonardo Pantoja se dirigieron desde Misión Chaqueña al destacamento policial de Padre Lozano (poblados indígenas ubicados en el municipio de Embarcación) a denunciar amenazas de Claudio Ferrari no imaginaron que los iban a detener acusándoles por lesiones y amenazas en perjuicio del finquero con el que mantienen un conflicto territorial.
Los dos uniformados que habitualmente son el único personal de esa dependencia policial, la más cercana a la población indígena, demoraron la recepción de la denuncia hasta que a las 23 del miércoles último, momento en que llegaron más policías para cumplir con lo dispuesto por la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto: la detención de ambos referentes indígenas justo cuando están inmersos en una pelea en defensa de su territorio.
Herrera quedó ayer imputada por lesiones y amenazas, alojada en la Brigada Femenina de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), adonde fue trasladada, incomunicada y hasta privada de medicación necesaria.
Un certificado del médico Rodolfo Franco indica que Herrera presenta “insuficiencia cardíaca, mal de Chagas, insuficiencia renal, e hipertensión arterial severa”. Pero “hasta hace media hora aun no le hicieron llegar la medicación y está incomunicada totalmente”, contó a Salta/12 su hijo, Bruno Ferreyra cerca de las 20 de este jueves 8 de enero.
Para este viernes se prevé la imputación de Pantoja, aún detenido en Embarcación, por los mismos delitos. Ambos son representados por la defensoría oficial, según pudo conocer este diario. A la mujer, enferma y de 65 años, la acusan de haber lesionado a Ferrari, que es 20 años menor que ella.
La novedad de la detención de Ferreyra y Pantoja provocó profunda preocupación. En ese marco, comunidades indígenas decidieron apostarse en la fiscalía para reclamar la liberación de ambos referentes.
La denuncia unilateral
Las acusaciones por las cuales detuvieron a los referentes se refieren a dos hechos, aunque la fiscal Soto tomó como válida sólo la versión de Ferrari: uno fue el 9 de diciembre y el otro el 31 de ese mismo mes de 2025.
El primer hecho indica que en la zona en disputa hubo un incendio. Ferrari acusó a los miembros de la comunidad de haberlo iniciado. Y la comunidad lo acusó a él.
Luego, en vísperas de año nuevo, las comunidades decidieron tirar abajo los postes que Ferrari dispuso en una franja de 140 hectáreas que divide Misión Chaqueña de Misión Carboncito. El finquero sostuvo en su denuncia que cuando intentó evitar que eso ocurra fue atacado a golpes por unos integrantes de la comunidad mientras otros gritaban: “matalo, matalo”. Incluso presentó un certificado médico con el sello del Hospital de Embarcación en el que se indica que sufrió una lesión provocada por un elemento filoso.
La versión de la comunidad difiere. Bruno Ferreyra contó que cuando su madre y otros miembros de la comunidad de Misión Chaqueña estaban apostados en la ruta 53, Ferrari «bajó (de su vehículo) con una trabilla de madera y golpeó en la cabeza a uno de los muchachos que sostenía la bandera indígena. Y fue entonces que la comunidad reaccionó”.
Ferreyra dijo que incluso un comunero sacó a Ferrari del enfrentamiento y lo subió en la camioneta “para que se vaya”.
Castigados por defenderse
“Nosotras vemos algo más enfocado a la naturaleza y la gente de afuera solo ve plata”, dijo a Salta/12 Fabiana Ibarra, integrante de la organización La Voz del Monte en la que las mujeres wichí de Misión Chaqueña y Misión Carboncito se unieron para reclamar por el territorio. La organización se inició por “la necesidad de tener algo de efecto para que nos escuchen, porque en el territorio donde vivimos, las mujeres somos muy… no nos dejan alzar la voz, pero esta vez nos animamos”, afirmó.
Ibarra manifestó preocupación por la salud de Herrera. Y esa misma situación fue reflejada en un escrito que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la fiscal Souto para solicitar la inmediata libertad de los referentes ante una medida que calificó de “arbitraria, desproporcionada y contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”. Organizaciones que forman parte de la Red contra la Violencia Institucional de Salta, integrada porFamiliares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, y Madres Protectoras Salta, se manifestaron de modo similar.
La conflictividad que involucra a las comunidades de Misión Chaqueña y Misión Carboncito deviene de la presión de la actividad productiva y la decisión de las poblaciones indígenas de defender el monte. En una nota a la que adhirió también la fundación ASOCIANA, el CELS afirmó que se criminaliza a “personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en abierta contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino, en particular aquellas derivadas del Acuerdo de Escazú”.
Asimismo, denunció que tras la detención ambos referentes permanecieron incomunicados por varias horas, y sin acceso adecuado al agua, alimentos ni medicación.
“Las detenciones se produjeron, además, en un escenario de conflictividad social no resuelta, en el que integrantes de las propias comunidades han sido contratados para avanzar con los alambrados, incrementando el riesgo de enfrentamientos”, recordó el CELS. Pese a ello, destacó que se prefirió la detención a la adopción de medidas para prevenir la violencia e incluso investigar las amenazas denunciadas por las comunidades.
Los familiares de Herrera mencionaron además que les impidieron ingresar los medicamentos porque “les dicen que deben ser entregados con una orden médica, una receta, pero esto puede demorar muchas horas, y quien brinda la información es la propia persona que requiere tomar la medicación, cuestión que afecta sus derechos como paciente. No les permitieron entregarle a la Sra. Marta un ticket y un candado”, indicó el CELS.
En base a estas actitudes el CELS que se distorsiona el poder punitivo al criminalizar “a quienes acuden en busca de protección,sin que exista imputación fundada, conducta violenta atribuida ni indicio alguno de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La detención, en este marco, opera como un castigo anticipado, vedado por el principio de inocencia”, afirmó.
En este marco, la organización advirtió que medicas cohercitivas como la detención intimidan, desalientan y silencian a toda la comunidad para defender su territorio. Se “convirtió al propio aparato estatal en un factor adicional de riesgo”, aseguró.
Historia de un territorio
Ferrari se apropió de estas tierras en conflicto comprándolas a razón de 400 dólares por hectárea en el marco de una “declaratoria de herederos” en 2022, según surge de la cédula parcelaria.
La historia de la compra venta y entrega de este territorio se retrotrae a la década de 1970, cuando la Iglesia Anglicana, a cuyo nombre estaba la tierra, decidió donarla a las comunidades indígenas, antes de la reforma de la Constitución Nacionalque reconoció la preexistencia de los pueblos originarios en el inciso 17 del artículo 75. Pero la franja ahora en cuestión no pudo ser comprada ni entregada.
Surge de la cédula que desde 1975 en adelante hubo una cesión de nombres plasmada en escribanías bonaerenses, hasta que finalmente fueron adquiridas por Ferrari.
Según lo indicado por la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, los relevamientos de las carpetas técnicas enmarcadas en la Ley de Emergencia Territorial (derogada por decreto en la actual gestión libertaria), no incorporaron esta franja como parte del territorio de uso ancestral. Sin embargo, las comunidades siempre han reivindicado esta franja como parte del territorio donde desarrollan su vida.
El titular registral siempre mostró su intención de alambrar la franja que para las comunidades es parte integral de territorio de uso ancestral.