“Una investigación que está en pleno avance”.
Jimena Salas: el cotejo de ADN dio positivo para uno de los detenidos
La novedad fue confirmada por el procurador general de la provincia. El perfil coincidente con las muestras de ADN encontradas en el lugar del crimen sería Javier “Chino” Saavedra, detenido el 20 de septiembre en Santa Victoria Este.
La sucesión de rumores sobre las últimas novedades en la investigación del femicidiio de Jimena Salas, a cinco años de cometido el hecho, provocaron que ayer el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, ofreciera una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el proceso.
“Se ha llegado a la conclusión de que se acredita una coincidencia del perfil genético H1 con el perfil genético de una de las personas que se encuentran detenidas en este momento”, aseguró, confirmando los trascendidos. Aunque no dio el nombre del detenido cuyo ADN fue encontrado en el lugar del crimen, se sabe que se trata de Javier “Chino” Saavedra, detenido el 20 de septiembre en Santa Victoria Este, pueblo que limita con Bolivia y Paraguay, en el Chaco salteño. Los otros dos detenidos, ese mismo día, aunque en este caso en el barrio Belgrano de la ciudad de Salta, son sus hermanos, Guillermo y Damián Saavedra.
A pesar de que reconoció su satisfacción por haber avanzado con esta “aproximación a la verdad”, el procurador aclaró que falta todavía para dar por concluída la investigación. “Esta es una prueba más sobre la que se tiene que continuar trabajando, hay mucha información adicional que se va a sumar en los próximos días respecto al trabajo genético y también sobre el estudio de todos los elementos hasta ahora logrados y reunidos no solo durante los cuatro meses de la larga investigación que llevó adelante este equipo”, sino también “de todos los elementos colectados en los distintos allanamientos”, afirmó.
Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, en su casa de la localidad de Vaqueros, cercana a la ciudad de Salta. El crimen causó conmoción por sus características, además de que fue en su vivienda, donde la víctima estaba con sus dos pequeñas hijas, los agresores le aplicaron 47 puñaladas. En diferentes lugares de la casa, en las uñas de la víctima y en la carcasa de su celular se encontraron rastros genéticos de dos hombres, referenciados como H1 y H2, y también se pudo determinar que tendrían algún grado de parentezco.
Esos hombres no habían podido ser ubicados hasta ahora, en que se conoce la identidad de al menos uno de ellos y prosigue la investigación sobre los otros dos detenidos sospechados. Labioquímica Alejandra Guinudinik (del Cuerpo de Investigaciones Fiscales) precisó en su momento que los ADN masculinos hallados “presentan una patrilínea común. Es decir que el arquetipo del cromosoma es el mismo. Tienen un ancestro masculino (en común) en alguna generación“.
Ayer García Castiella detalló que el viernes último recibió “un informe parcial” de un cotejo entre los ADN de los detenidos y “las muestras logradas en la escena del hecho, debidamente preservadas, debidamente secuenciadas”, cuyos electroferogramas (gráfico que muestra la secuenciación del ADN) “se encontraban en el expediente desde el año 2017, con conocimiento de todas las partes”.
Recordó que esos datos obtenidos en la escena del hecho, “que indican dos perfiles genéticos diferentes, uno en gran intensidad y otro de menor intensidad, habían sido inclusive enviados a distintos bancos genéticos del país para ver si se podía lograr algún cotejo comparativo que diera algún resultado positivo”, lo que no se había conseguido hasta ahora, que se tomaron las muestras de los hermanos detenidos en el marco de una nueva línea de investigación del crimen y se pudo comprobar que el ADN de uno de ellos coincide con la muestra genética hallada en la casa de Jimena Salas, la que había sido denominada H1 (Hombre 1).
El procurador destacó que este resultado fue obtenido por el Departamento de Genética del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que hizo este trabajo con control de la defensa.
Aclaró que, sin embargo, es “una investigación que está en pleno avance”, “con un importante desarrollo sobre el que se tiene que avanzar”, con el análisis de “todos los elementos probatorios que se han reunido hasta este momento, así que lejos estamos de querer anunciar que tenemos ya una cuestión concluída, que hay un responsable, que hay culpables”, eso “sería un tremendo desacierto”, sostuvo.
García Castiella consideró que no es menor haber obtenido este resultado “después de todo lo que pasó con esta causa, toda la angustia, la zozobra, la incertidumbre que ha provocado” que en cinco años no se haya podido “llegar todavía a una aproximación a lo que se llama el derecho a la verdad, que es una obligación constitucional y convencional de la provincia de Salta y el Estado argentino”. Dijo que por eso siente satisfacción, porque se está alcanzando el objetivo propuesto, y se esperanzó con encontrar la verdad, que “va a poder dar paz y honra a la memoria de Jimena Salas, de su familia, de sus hijas”.
“Acá no hay prueba perdida”
En mayo del año pasado el viudo de Salas, Nicolás Cajal Gauffin, y el vendedor ambulante Sergio Vargas fueron absueltos por la duda en relación al crimen. El primero estaba acusado de encubrir el femicidio y el segundo, de ser partícipe secundario del hecho. Esa sentencia quedó firme en abril de este año, cuando la Corte de Justicia de Salta confirmó la absolución.
Entonces la Procuración General dispuso la integración de una Unidad Fiscal con la fiscala Mónica Poma y los fiscales Leadro Flores y Gabriel González y la designación de un equipo de investigación especial, “ambos con la premisa de que ni los fiscales ni los investigadores hayan estado participando de las investigaciones anteriores” para que “no haya una contaminación con elementos que hasta ese momento no habían resultado llegar a buen puerto”.
Ayer el procurador brindó la conferencia de prensa rodeado por estos funcionarios. De entrada, explicó que se habían decidido a dar una voz oficial sobre el caso porque desde la detención de los hermanos “se escucharon una gran cantidad de especulaciones, conjeturas, versiones” sobre circunstancias que por la reserva de las actuaciones, “una condición necesaria” para avanzar en la investigación, “no se puede salir a anticipar a la prensa”; porque aunque haya una demanda social de información, que es un derecho, “también hay un derecho y una obligación del Ministerio Público” de “llevar a buen puerto la investigación”.
Recordó en este sentido que el del 20 de septiembre, cuando fueron detenidos los hermanos Saavedra y se realizaron seis allanamientos simultáneos, “no ha sido un procedimiento precipitado, improvisado, sino que fue la conclusión de un arduo, silencioso y profundo trabajo que se comenzó desde el día 8 de abril cuando se decidió conformar una nueva unidad fiscal y designar al equipo de investigación”.
Entre las especulaciones, el procurador señaló el hecho de que “a horas de las detenciones, ya salió alguien a decir que se trataba de perejiles”. E insistió: “Lo que se ha decidido realizar el día 20 de septiembre ha sido la conclusión de un trabajo de investigación silencioso pero intenso de cuatro meses”.
Esa investigación siguió una hipótesis, y visto el resultado (de la prueba de ADN), más todo el conjunto de elementos convergentes, concordantes indiciarios y probatorios, que son varios que se han logrado colectar hasta el momento, podemos afirmar que acá no hay prueba perdida, esto no es similar a otras especulaciones”, aseguró al responder una consulta sobre la posibilidad de que se hubieran perdido los datos genéticos colectados en el lugar del crimen.
Añadió que en este caso no existe esa posibilidad ni de que se haya habido algún tipo de manipulación de la evidencia porque esta “es una causa muy bien trabajada, como pocas, en la colección de la evidencia genética en el lugar del hecho, donde se detectaron dos perfiles genéticos muy claros”. “La descripción numérica y alfabética de esos ADN” está en el expediente “desde 2017, inclusive las partes, inclusive la querella y las defensas han tenido acceso a eso. Eso no puede cambiar, eso va a ser lo mismo acá, de acá a un año, de acá a cinco años van a ser siempre los mismos y las muestras genéticas de las personas detenidas también van a seguir siendo lo mismo, o sea que podemos hacer 10 mil veces la prueba que va a dar el mismo resultado”, subrayó.
En cuanto a las personas que participaron del crimen de Jimena Salas, el procurador indicó “desde la lógica” que “primero hay que lograr determinar cuántas personas intervinieron” y la logística para llevar adelante ese hecho. Luego aclaró que “no todos (los partícipes) pueden haber dejado rastros genéticos”, que haya dos rastros genéticos “no implica necesariamente que hayan sido solamente dos las personas”, y paralelamente, que no haya rastros genéticos de alguien eso no implica necesariamente que esa persona no haya participado del hecho. “Eso va a ser materia de la investigación y del trabajo de procesamiento de todos los elementos que se tienen” y no solo los ADN, ratificó.
Situaciones periféricas
El procurador general llamó “situaciones periféricas” a la denuncia por violencia policial que hizo Javier Saavedra y a una presentación de los policías que lo acusaron por un incidente cuando lo trasladaba desde Santa Victoria Este a la ciudad de Salta. Ayer dijo que no puede explayarse sobre estas causas para no avanzar sobre el trabajo de los fiscales, pero advirtió: “Esta Procuración General no admite ni va a tolerar ningún procedimiento fuera de la ley“.
En el primer caso interviene el fiscal Facundo Ruiz de los Llanos; en el otro, el fiscal Rodrigo González Miralpeix ya imputó a Saavedra por tentativa de homicidio, porque se le atribuye haber atacado al chofer del móvil con la aparente intención de provocar un volantazo.
Saavedra también aseguró que lo sometieron a un interrogatorio ilegal. “Va a ser materia de investigación”, aseguró García Castiella, aunque hizo notar no hay de parte del detenido ninguna exposición o declaración autoincriminatoria o confesional, “que van siempre de la mano de un interrogatorio ilegal”.
Elabogado Marcelo Arancibia (hijo), que junto a su padre homónimo defiende a los hermanos, sostuvo anteayer que los policías denunciaron a Javier Saavedra “para tapar vejaciones y tortura”. Añadió que un médico legal constató que el joven tenía “golpes en el ojo, el pómulo hinchado, la boca partida, golpes en el cuerpo”.
Eldefensor se previno sobre el resultado del cotejo de ADN, dijo que una perita de parte le explicó que el resultado “no es exacto, que puede haber manipulación”. Añadió que los hermanos están imputados “por algunos indicios”, y por líneas investigativas que ha seguido la Fiscalía desde el “subjetivismo”.
El abogado destacó que en la indagatoria los tres “fueron coherentes, respondieron a los interrogatorios en lo que hace a la imputación. Dieron pautas de donde se encontraban, a qué se dedicaban en ese momento”. Contó que Guillermo “es trabajador de Aguas de Salta hace 11 años, Damián buscaba trabajo, Javier era contratado, estaba en un comedor”.
Agregó que en 2017 Javier Saavedra estudiaba trabajo social en la Universidad Católica de Salta y que ese año estuvo en la ciudad de Salta colaborando “en una villa”. Y consideró coherente con su vocación que en 2018 fuera a Santa Victoria Este, donde “fue recibido por hermanos franciscanos, vivía en una parroquia, no hubo un cambio drástico en su vida. Se mudó dentro de la provincia, a otro departamento. En Santa Victoria Este hay tres fronteras, podía haber pasado a Bolivia, Paraguay, Formosa, si fuera el asesino no se habría quedado acá. Tampoco se fue de la ciudad de Salta, venía constantemente a ver a su familia, a su novia”, sostuvo.
Ayer el procurador informó, como un indicio de que se había preparado para salir del país, que el joven tenía el pasaporte, e hizo notar que no lo necesitaba para salir a los países del Mercosur.
Fuente: Página12