Rechazo de organismos de Derechos Humanos a una designación impulsada por el Gobierno.
El Ejecutivo insiste en nombrar a Bryan Mayer en un área sensible de Derechos Humanos, pese a antecedentes cuestionados y observaciones previas de Naciones Unidas.
La posible designación de Bryan Mayer en un cargo vinculado a la política de Derechos Humanos volvió a encender la alarma entre organismos y referentes del sector. La polémica se reavivó luego de que el Gobierno nacional avanzara con el nombramiento, desoyendo advertencias formuladas con anterioridad por la ONU.
Organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el perfil del funcionario y por el impacto que su llegada podría tener en la agenda de memoria, verdad y justicia. Señalan que se trata de una señal política que debilita los consensos construidos desde el retorno democrático.
Desde el oficialismo relativizan las críticas y sostienen que buscan “revisar enfoques” en la política de Derechos Humanos. Sin embargo, el rechazo crece y suma voces del ámbito jurídico, académico y social, que advierten sobre un retroceso institucional en un área históricamente sensible.