El extitular del ANDIS cambió su versión y desconcertó al Gobierno en las horas más críticas para los Milei. Patricia Bullrich ganó la pulseada en la interna pero destartaló la estrategia judicial. El juez Marianello se inmoló y la crisis dejó en un impasse la pulseada entre los Menem y Caputo.
Diego Spagnuolo, horas antes de ser eyectado como titular de ANDIS luego de la difusión pública de sus audios denunciando hechos de corrupción a la más alta escala del gobierno de Javier Milei, ofreció dos versiones distintas sobre el origen de las grabaciones que lo tienen como protagonista.
La primera versión que dio Spagnuolo cuando le enfocaron el reflector en la cara apuntó a Natalia Basil, esposa del consultor en campañas políticas Fernando Cerimedo, quien –al momento de las grabaciones que datan de varios meses atrás- era la encargada de las partidas presupuestarias en ANDIS. Había sido nombrada en mayo de 2024, pero en diciembre fue, sorpresivamente, catapultada a AYSA. ¿Un castigo? Fuentes oficiales le confiaron a Ámbito que un probable motivo fueron las irregularidades que había recopilado, entre ellas, el canal preferencial de la Droguería Suizo Argentina de los Kovalivker. Nadie quiere indagar en quién financió el despliegue de fiscales para la segunda vuelta electoral donde triunfó LLA.
Cambio de versión
Pero la versión mutó con el correr de las horas ante otros interlocutores del Gobierno que frenéticamente lo interrogaron. “No es la que dicen. ¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Ámbito confirmó con varios funcionarios que esa fue la respuesta, desafiante. Fue antes de cortar los teléfonos y el diálogo con los miembros del Ejecutivo que intentaban contener la crisis. Esta segunda versión encendió de furia al núcleo más cercano a Javier Milei. Los tuvo seis horas en ascuas anunciando que iba a presentar su renuncia “agotamiento moral” para “descomprimir”. Hasta mandó un borrador. Nunca lo hizo. El comunicado de la Oficina del Presidente pasada la medianoche del 21 de agosto lo tiró por la ventana. Se había acabado la paciencia. Hoy reconocen que, si no hubiese habido una reacción visceral, todavía se podría estar discutiendo la veracidad de los audios. Ya nadie pone en duda su autenticidad.
El Gobierno estaba al tanto de que los audios estaban en poder del periodismo días antes. Y saben también que hay muchas más horas de diálogos en los que el ex titular del ANDIS desnuda toda clase de barbaridades que impactan en lo político, pero desnudan, también, una trama delictiva. “Era el abogado del presidente”, graficaron quienes tempranamente advirtieron que se avecinaba una crisis política de mayor alcance que el caso $LIBRA.
Santiago Viola intentó ponerle abogados apenas el caso ingresó a tribunales. Volvió con un fracaso. “No quiso”, fue la lacónica respuesta a la malograda gestión. Spagnuolo nombró a Juan Araoz de Lamadrid y a Ignacio Rada Schultze, con quienes fuentes oficiales le aseguraron a Ámbito que no logran siquiera tener diálogo para unificar una estrategia cuando el caso empezó a salpicar a Karina Milei, la secretaria general de Presidencia.
Cuando aparecieron audios que sugerían que la hermana del presidente también había sido grabada, se encendieron todas las alarmas y se convocó, el viernes, a un comité de crisis con todos los asesores jurídicos del Gobierno.
Desacuerdos en el comité de crisis
La propuesta más suave que se tiró sobre la mesa era la de denunciar, en sede penal, un espionaje como un delito de acción pública. Sin nombres. Solo con el argumento de que la Secretaria General de la Presidencia había sido registrada, de forma subrepticia, en la Casa Rosada. Pero pasado el mediodía, cerca de las 12.30, Viola anunció que había interpuesto una demanda en el fuero civil y comercial federal para evitar la difusión de los audios a través de una cautelar. Nadie se logra explicar por qué acudieron a ese fuero. Pero peor, por qué aceptó el magistrado tomar el caso que involucra a una funcionaria pública.
Después, el Gobierno, se enredó en una interna que derivó en dos alocadas denuncias donde triunfó el ala de Patricia Bullrich, que complicó aún más el futuro frente judicial para el Ejecutivo y lejos de contener el escándalo, lo magnificó. Las consecuencias se verán con el correr de los días, sobre todo para el polémico juez civil y comercial federal Patricio Alejandro Marianello. En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli estaba echando maldiciones. La redacción del líbelo complicó cualquier margen de maniobra.
La primera versión que dio Spagnuolo cuando le enfocaron el reflector en la cara apuntó a Natalia Basil, esposa del consultor en campañas políticas Fernando Cerimedo, quien –al momento de las grabaciones que datan de varios meses atrás- era la encargada de las partidas presupuestarias en ANDIS. Había sido nombrada en mayo de 2024, pero en diciembre fue, sorpresivamente, catapultada a AYSA. ¿Un castigo? Fuentes oficiales le confiaron a Ámbito que un probable motivo fueron las irregularidades que había recopilado, entre ellas, el canal preferencial de la Droguería Suizo Argentina de los Kovalivker. Nadie quiere indagar en quién financió el despliegue de fiscales para la segunda vuelta electoral donde triunfó LLA.
Cambio de versión
Pero la versión mutó con el correr de las horas ante otros interlocutores del Gobierno que frenéticamente lo interrogaron. “No es la que dicen. ¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Ámbito confirmó con varios funcionarios que esa fue la respuesta, desafiante. Fue antes de cortar los teléfonos y el diálogo con los miembros del Ejecutivo que intentaban contener la crisis. Esta segunda versión encendió de furia al núcleo más cercano a Javier Milei. Los tuvo seis horas en ascuas anunciando que iba a presentar su renuncia “agotamiento moral” para “descomprimir”. Hasta mandó un borrador. Nunca lo hizo. El comunicado de la Oficina del Presidente pasada la medianoche del 21 de agosto lo tiró por la ventana. Se había acabado la paciencia. Hoy reconocen que, si no hubiese habido una reacción visceral, todavía se podría estar discutiendo la veracidad de los audios. Ya nadie pone en duda su autenticidad.
El Gobierno estaba al tanto de que los audios estaban en poder del periodismo días antes. Y saben también que hay muchas más horas de diálogos en los que el ex titular del ANDIS desnuda toda clase de barbaridades que impactan en lo político, pero desnudan, también, una trama delictiva. “Era el abogado del presidente”, graficaron quienes tempranamente advirtieron que se avecinaba una crisis política de mayor alcance que el caso $LIBRA.
Santiago Viola intentó ponerle abogados apenas el caso ingresó a tribunales. Volvió con un fracaso. “No quiso”, fue la lacónica respuesta a la malograda gestión. Spagnuolo nombró a Juan Araoz de Lamadrid y a Ignacio Rada Schultze, con quienes fuentes oficiales le aseguraron a Ámbito que no logran siquiera tener diálogo para unificar una estrategia cuando el caso empezó a salpicar a Karina Milei, la secretaria general de Presidencia.
Cuando aparecieron audios que sugerían que la hermana del presidente también había sido grabada, se encendieron todas las alarmas y se convocó, el viernes, a un comité de crisis con todos los asesores jurídicos del Gobierno.