El oficialismo logró la media sanción del proyecto elaborado por el gobierno de Gustavo Sáenz, tras un debate extenso atravesado por reclamos territoriales, advertencias por la situación fiscal y cuestionamientos al manejo de partidas. Hubo dictámenes múltiples, artículos rechazados por distintos bloques y dos votos negativos al proyecto general, de Roque Cornejo y Sofía Sierra.
Por Maira Lopez para Salta 12
En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de Salta otorgó ayer media sanción al Presupuesto General 2026 enviado por el Ejecutivo provincial. La aprobación era previsible, pero el camino hasta el voto final evidenció diferencias dentro del oficialismo y fuertes cuestionamientos desde la oposición.
El debate llegó después de una semana signada por reuniones técnicas, exposición bicameral y negociaciones internas que buscaron aceitar el tratamiento del presupuesto que proyecta 4,25 billones de pesos, con el 87% destinado a educación, salud y seguridad, y una continuidad de la obra pública como bandera oficial.
Durante el tratamiento en el recinto, se remarcó continuamente la dependencia estructural de Salta con la Nación, además de la fragilidad de los recursos locales y el clima socio económico que se vive en el país. A ello se sumaron las quejas por el tratamiento simultáneo de la nueva Ley de Ministerios —que recorta secretarías y crea la Jefatura de Gabinete—, adoptado por varios diputados como señal de “acumulación de poder” del Ejecutivo.
“Discutimos qué Estado queremos”
Como miembro informante del oficialismo, Patricia Hucena (bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) abrió el debate asegurando que “cuando la Cámara discute un presupuesto, en realidad discute algo más”. Discute “qué lugar le vamos a dar al Estado y cuáles son las prioridades que elegimos sostener”.
Hucena defendió el equilibrio fiscal conseguido por la gestión de Sáenz y celebró la reducción de deuda. Detalló que de 640 millones de dólares heredados, se pasó a 346 millones dólares en este año.
Además, destacó que el 87,3% del gasto se distribuye entre educación, salud y seguridad, y sostuvo que la provincia mantiene un orden fiscal que pocas jurisdicciones pueden mostrar. Reivindicó además el impulso a la obra pública: “Cada obra significa empleo, economía local y mejores condiciones de vida”, expresó, y pidió acompañar el dictamen de mayoría puesto que ya se sabía que ese acompañamiento no sería unánime.
La dependencia con la Nación
Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) -que adelantó su voto negativo pero finalmente no concretó- dijo que el proyecto de ley resulta solamente “una expresión de deseos, no más que eso”.
Remató su crítica al sostener que, “mientras exista esta irregularidad de cederle libertad al gobierno para disponer de las partidas, adelanto mi voto negativo”. Igualmente, ese voto no llegó.
También cuestionó la dependencia de Salta respecto con la Nación, al afirmar que la provincia tiene un 76% de dependencia, a pesar de que “esta Legislatura lo insulta todos los martes”
En tanto, desde el bloque Todos, Isabel De Vita apuntó al corazón productivo de la provincia. Y criticó que “aún dependemos en gran forma de la Nación” evidenciando que “no se nota ninguna independencia económica” de la provincia.
Además, pidió atender urgencias concretas, como las presentes en el Hospital Público del Milagro que “necesita aparatología de punta”; o que “hay familias que carecen de agua potable en plena capital”. “Las cloacas también son un problema clave”, insistió.
Y advirtió sobre el inevitable impacto de los recortes fiscales: “Van a tener que terminar en recortes sociales, no lo podemos negar”.
Poca visión territorial
La oficialista Laura Cartuccia eligió concentrarse en el sistema sanitario y valoró la decisión de sostenerlo en un contexto de recortes nacionales. Sin embargo, advirtió que “la situación es crítica” porque “los servicios se encuentran cortados y la deuda con prestadores se acumula.”
Sobre el Instituto Provincial de Salud de Salta, intervenido desde febrero, fue tajante al manifestar que “no se observan mejoras sustanciales”
También describió guardias saturadas, tiempos de espera extensos y equipos al límite. Su intervención marcó un tono incómodo dentro del propio bloque: “No estoy criticando al ministro”, se atajó, “pero como diputados debemos ejercer un control responsable”, indicó.
Mientras que, el tartagalense Jorge Restom (Todos) volvió a poner al departamento San Martín en el centro del debate. “Atravesamos una crisis socioeconómica… muy, muy difícil”, expresó.
En ese sentido, reclamó obras para Tartagal, Mosconi y Aguaray, denunciando un recorte del 50% respecto del 2025. También señaló problemas de conectividad que afectaron incluso al tratamiento del proyecto en comisiones: “Quisimos preguntar varias cosas y no pudimos”, dijo. “Vivimos a casi 400 kilómetros de la capital”, agregó.
Pidió incluir obras estratégicas, como el puente sobre el río Pilcomayo, tramos de la ruta nacional 34, la electrificación Tartagal–Tonono, y reclamó una mirada más equilibrada para la región.
Rechazo y denuncia
La diputada del PRO, Sofía Sierra, votó en contra del proyecto general y lanzó críticas de alto voltaje institucional. Cuestionó el tratamiento en simultáneo del presupuesto y la nueva Ley de Ministerios.
“Lo que se va a aprobar ahora es, una vez más, un cheque en blanco”, manifestó. Acusó al Ejecutivo de presentar el proyecto siempre tarde e incumplir la Constitución y denunció que el texto repite esquemas anteriores: “Es un copipega del 2025, del 2023 y de los anteriores también”.
Desde el bloque Compromiso Republicano, Juan Esteban Romero, acompañó el presupuesto en general pero votó en contra del artículo 37, que prorroga por 10 años el contrato con el Banco Macro. “No es un detalle, no se puede meter por la ventana dentro del presupuesto”, criticó.
En ese sentido, dijo que hay una falta de visión estratégica de parte del gobierno provincial, puesto que se trata de un “presupuesto de supervivencia”, afirmó. El gobernador “mantiene la máquina encendida, pero no hace que avance”, graficó.
Además, señaló incoherencias en la administración al afirmar que “el área de Gobernación gasta tres veces más que el Ministerio de Turismo y Deportes”. “Si Buenos Aires cierra la canilla, este presupuesto se queda sin combustible”, insistió.
Por su parte, José Gauffín (Independencia) acompañó el presupuesto “por responsabilidad institucional”, pero rechazó una decena de artículos y pidió que la taquígrafa anotara “lentamente” cada número: “Voy a votar en contra de los artículos 11, 14, 19, 31, 32, 36, 37 —el 37 a dos manos—, 39, 43, 45, 46 y 49”.
Quien también marcó sus límites rechazando artículos puntuales fue Soledad Farfán (UCR) que, según argumentó, excedían las facultades que la Legislatura debía concederle al Ejecutivo.
De tal modo que hubo un apoyo general, pero con cierta disconformidad.
El proyecto ahora pasa al Senado, donde el oficialismo espera un trámite menos turbulento.
La Cuenta General 2023
Además del Presupuesto y la Ley de Ministerios, la Cámara baja también trató la Cuenta General del Ejercicio 2023, que terminó siendo aprobada con los votos en contra de Sofía Sierra, Roque Cornejo y José Gauffín.
La informante, Patricia Hucena, explicó que la cuenta llegó con el informe técnico de la Auditoría General, condición indispensable para su tratamiento. Dijo que la cuenta general “muestra cómo el Ejecutivo cumplió la manda presupuestaria que le autorizamos. Cerramos así el circuito político y administrativo entre lo que se planificó y lo que efectivamente se ejecutó”.
Detalló que la Auditoría revisó la ejecución del presupuesto, los movimientos de fondos, la deuda pública y el estado patrimonial, y que el informe fue aprobado por unanimidad por el Colegio de Auditores. Según dijo, la cuenta se encuentra “razonablemente expuesta” y sin objeciones técnicas ni políticas que impidieran su aprobación.
También subrayó que la provincia se mantiene al día en la presentación de las cuentas y adelantó que en 2026 debería discutirse una actualización de la Ley de Administración Financiera. Con ese respaldo técnico y político, la comisión bicameral recomendó su aprobación, tal como finalmente ocurrió en el recinto.