Al cierre de esta edición, los gobernadores consiguieron la ley para coparticipar los ATN. Con presiones, el oficialismo pudo blindar el veto al aumento de jubilaciones.
Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja logró rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad. Es la primera vez que la oposición consigue los dos tercios para insistir con una ley. La pelota pasa al Senado, un territorio más hostil para el oficialismo. No corrió la misma suerte el aumento del 7,2 por ciento a los jubilados y el bono. Por segundo año consecutivo, libertarios y aliados blindaron el veto a las jubilaciones. Fueron claves las seis abstenciones. Cinco estuvieron ligadas a las gobernaciones de Misiones y Entre Ríos, a pesar de las denuncias de al menos tres diputados sobre presiones para que se dieran vuelta los votos. Pese a las maniobras del oficialismo, Diputados convirtió en ley el proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN, una caja millonaria que el Gobierno manejaba a discreción.
Por primera vez en la era Milei, la oposición reunió los dos tercios para insistir con una ley vetada. En una jornada que se anticipaba caliente, el oficialismo exigió a la oposición dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de cada uno de los vetos, con el argumento de que no tenían dictámenes de comisión. La prueba de fuego fue la Emergencia en Discapacidad, que comenzó a debatirse cerca de la una del mediodía. Los 75 votos que el oficialismo y sus aliados juntaron para bloquearla mostraron la merma en sus apoyos, lejos de los 87 héroes que en 2024 blindaron los vetos al financiamiento universitario y a las jubilaciones.
Nada para los jubilados
Tras un debate de cinco horas, seguido por cientos de jubilados que soportaron el frío frente al Congreso, la Cámara Baja no pudo revertir el veto presidencial. En la práctica, los de la mínima no recibirán el aumento del 7,2 por ciento y el bono seguirá congelado en 70 mil pesos. Desde temprano, la oposición sabía que el poroteo no cerraba: faltaban al menos uno o dos votos para insistir con la ley.
Como los vetos deben ser rechazados por ambas cámaras, la voluntad del Ejecutivo de ajustar a los jubilados sin compensaciones sigue firme. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal anualizado del aumento del 7,2 por ciento a jubilaciones y pensiones, junto con el bono de $110.000 y las mejoras a pensiones no contributivas, equivalía al 0,78 por ciento del PBI. Para cubrirlo, el proyecto incorporó seis fuentes de financiamiento que sumaban el 0,72 por ciento del PBI, casi la totalidad del costo anual de las medidas vetadas.