Hoy debatirán en asambleas departamentales los próximos pasos del plan de lucha. Mañana será la asamblea provincial para definir la quinta semana de paro. La agenda prevé un encuentro con referentes de organizaciones sociales para planificar la movilización del próximo lunes.
“A los senadores, los docentes autoconvocados les solicitamos el tratamiento inmediato de nuestras solicitudes. ¡El Parlamento es nuestra casa!”, exclamó una docente ayer frente a la Legislatura salteña. Con un altavoz en la mano, su mirada se posó en las ventanas del primer piso del parlamento salteño. En el recinto los senadores y la única senadora tramitaban sobre tablas el proyecto de ley que regula las protestas sociales.
Las y los docentes autoconvocados y las organizaciones sociales que se movilizaron ayer frente a la Legislatura, se esforzaron por torcer la voluntad del oficialismo de avanzar rápidamente con un instrumento legal para regular las protestas sociales. La interpelación de delegados y delegadas docentes ocurrió mientras los senadores exponían sus argumentos a favor y en contra del proyecto de ley.
“Ustedes, representantes del pueblo”, continuó otro docente tomando la posta del megáfono y frente a un fuerte vallado policial, “están cercenando los derechos de toda la ciudadanía de Salta”, dijo. “Abran las ventanas. Esta es la realidad. Exigimos ser atendidos inmediatamente los 23 delegados departamentales”, reclamó.
En el primer piso, las cortinas no se corrieron y las ventanas tampoco se movieron. La demanda social arrancó por la actualización del salario mínimo, según estimaciones del INDEC para la Canasta Básica Total, retomó luego una demanda histórica por la recategorización de ítems no retributivos, y hoy incluye el sobreseimiento de las 19 personas detenidas la tarde del 25 de mayo en el acceso a la ciudad de Salta.
La protesta de las y los trabajadores públicos, que interpelan la representación de sus gremios lleva cuatro semanas. En ese lapso, hubo represión policial, manifestaciones multitudinarias que unieron a las y los autoconvocados de educación y salud, y cortes de ruta en toda la provincia.
“Esto es un atentado contra todos los trabajadores”, opinó Eliana Flores, miembra de la Asamblea de Docentes Autoconvocados y que fuera detenida con otros 18 educadores y educadoras el 25 de mayo. “Nosotros discutimos el modelo de representación con la lógica de la asamblea y el gobierno todo el tiempo la quiere quebrar”, continuó mientras aún se desarrollaba la sesión en el Senado. “En cada negociación (hasta ahora 4 instancias) el gobierno nos dio plazos de respuestas muy cortos para que nuestros voceros no consultaran a la asamblea. Ahora nos impone una ley represiva”. La docente opinó además que las organizaciones sociales que en ese momento se manifestaban apoyan a los y las educadoras porque también pelean por un salario digno.
“Somos trabajadores nacionales pero nuestros hijos van a las escuelas públicas de la provincia”, dijo Julio Reifemberg, secretario general de Federación de Obreros y Empleados de Correosy Telecomunicaciones (FOECYT). “Nosotros tenemos la libertad de circular y de ejercer el derecho a huelga cuando no están las condiciones dadas para vivir”, opinó. “Si el gobierno quisiera negociar, ya lo hubiese hecho. No es la primera vez que los autoconvocados salen a la calle”, recordó en alusión al último proceso de 2019.
El gobierno salteño desplegó un fuerte operativo policial en los alrededores del Palacio legislativo y también frente al acceso principal por la calle Mitre. En ese sector incluyó dos formaciones de policías comunes, una de Infantería, la presencia de bomberos y hasta el camión destinado a incendios forestales apostado en las inmediaciones. De parte de los manifestantes, hubo intentos por tirar parte del vallado. Una columna golpeó contra las vallas intentando hacer escuchar su reclamo. También pegaron sobre las planchuelas de hierro carteles con distintos mensajes: “No a la criminalización de la huelga docente”. “Diputados, ¿se olvidaron que el honor se lo deben al pueblo?” y “Senadores: recuerden que representan y son la voz del pueblo”. También, “abajo el protocolo represivo 91/23”, en alusión al decreto 91/23 por el que el Poder Ejecutivo salteño creó un protocolo para evitar cortes de ruta.
Una vez aprobado el proyecto en el recinto, docentes y organizaciones sociales marcharon rumbo a plaza 9 de Julio para desconcentrarse frente al Cabildo Histórico. Algunas maestras marcharon con lágrimas en los ojos.
Análisis y repercusiones
Blanca “Nenina” Lescano, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, integrante de la Mesa de DDHH, opinó que frente a una ley que cercena el derecho a la protesta social “los trabajadores deben ser concientes que en el proceso democrático actual, el poder agiganta las diferencias y las distancias sociales entre los privilegiados y los sectores populares”.
Gabriela Gómez, delegada de los docentes autoconvocados de La Rioja, que participó ayer en la manifestación, dijo a Salta/12 que la ley aprobada ayer “es un instrumento de disciplinamiento que se remonta a 1976”. A su entender, “vulnera el derecho a la libertad de expresión, creando instrumentos contra ese ejercicio, es un retroceso a 40 años de la democracia”. Y agregó: “representa un retroceso a los derechos ganados durante el proceso democrático”.
Diego Maita, secretario general del gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta, dijo que el tratamiento de la nueva ley “rebela la voluntad (gubernamental) de no discutir y resolver políticamente el conflicto con los docentes”. Recordó que el gobernador Gustavo Sáenz, reelecto el 14 de mayo pasado, “ganó con el 47 por ciento de los votos emitidos, que no es lo mismo que la población que vota”. “Hay que entender esos datos en el contexto de una protesta social en la que hubo represión”, sostuvo.
Después de la sesión, circularon las primeras repercusiones por redes sociales. “Repudiamos con vehemencia el proceso de aprobación de una ley totalitaria” que fue tratada “sin los debidos estudios y dictámenes de las comisiones pertinentes”, posteó el Partido de la Victoria de Salta. La Liga Argentina por los Derechos Humanos, presente en la movilización durante el tratamiento del proyecto, posteó más tarde: “el Parlamento provincial aprobó una terrible ley con el objeto de disciplinar la protesta, la manifestación y con ello coartar la libertad de expresión (…) pretende que haya responsables por cada movilización para luego reclamarles por los gastos generados”. Y señaló: “si el pueblo quiere reclamar contra la represión le tiene que avisar al comisario”.
La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta también repudió la aprobación definitiva del expediente tratado ayer en el Senado. “En el contexto de masivos reclamos salariales de los sectores de salud y educación, el contenido del proyecto (ahora ley) es incompatible con principios constitucionales nacionales y provinciales”. También “con los estándares de Derechos Humanos que protegen la protesta social”.
Anoche, el secretario general de la CGT, Carlos Rodas, y el jefe de la Agencia Territorial Salta de la Nación, Jorge Guaymás, anunció en redes sociales que pidieron al gobernador una reunión de urgencia para solucionar el conflicto con docentes y trabajadores de la salud estatales. Primero insinuaron que podría haber un veto a la ley, pero luego corrigieron: “El gobernador se comprometió para la etapa de reglamentación a convocar a los gremios y organismos interesados a mesas de trabajo para garantizar todos los derechos constitucionales correspondientes”.
Fuente: Pagina 12