La crisis ígnea en la Patagonia no es un fenómeno natural aislado; es el resultado previsible de una política de desmantelamiento.

Mientras más de 15.000 hectáreas de bosque nativo son devoradas por las llamas en Chubut y Río Negro, los brigadistas en el territorio denuncian una realidad desesperante: el Plan Nacional de Manejo del Fuego sufrió un recorte real del 70% en su presupuesto operativo. Esto significa menos horas de vuelo para aviones hidrantes, falta de mantenimiento en equipos críticos y salarios que no cubren la canasta básica para quienes arriesgan la vida en el frente.

Este escenario de abandono ambiental coincide con un discurso oficial que celebra la «eficiencia» a través de la crueldad. El reciente anuncio del Gobierno Nacional, festejando el despido de 60.000 trabajadores estatales, impacta directamente en las capacidades operativas de organismos de control y asistencia. La Patagonia arde mientras el centro del poder político mira hacia otro lado, priorizando el superávit fiscal sobre la supervivencia de nuestros ecosistemas más valiosos.