El proyecto impulsa la competencia entre escuelas, favorece lo privado y asigna un rol subsidiario al Estado. Habilita la enseñanza en el hogar y reduce la carga horaria de asistencia de los alumnos a clase.
Especialistas en temas educativos dieron la voz de alerta por el contenido del borrador del proyecto legislativo que está trabajando el oficialismo para derogar la Ley de Educación Nacional vigente, la 26.206.
Como todas las propuestas que salen del riñón libertario, en el cuerpo normativo, se habla en nombre de la “libertad” como pretexto para impulsar prácticas que convierten la educación en un mercado más. La privatización de la enseñanza y el traspaso del poder y las responsabilidades del Estado a las familias parecen ser los dos ejes de la iniciativa. Más allá de que los legisladores de La Libertad Avanza y compañía culminen por presentar este bosquejo o no, el marco de discusiones que el gobierno ensaya, luego de obtener un triunfo en las elecciones legislativas, anticipa un nuevo recorte de derechos para las mayorías. Y, una vez más, pasa la motosierra sobre un Estado cada vez más chiquito.
Titulado “Ley de libertad educativa”, el bosquejo propone que cada institución, ya sea pública o privada, defina su propio plan de estudio, su calendario, sus modalidades pedagógicas y su contratación docente. También introduce la posibilidad de educar desde el hogar (por los propios padres o alguien designado por ellos), la formación religiosa confesional en la educación pública y la implementación de modelos híbridos que combinen presencialidad y virtualidad. Al mismo tiempo, reduce la carga horaria que deben cumplir los alumnos en los diferentes niveles, establecida por el Consejo Federal de Educación.
Así es como, a tono con lo que el gobierno plantea en otras esferas, se trasladan las responsabilidades del Estado a los privados. Propuestas que invitarán a profundizar un desfinanciamiento ya consagrado, pues nada garantiza que, una vez derogada la Ley 26.206, se deba sostener como piso el compromiso del 6 por ciento de PBI para educación.
Filtros y rumores
La filtración del texto que resume la apuesta libertaria para el terreno educativo dejó al descubierto, precisamente, la magnitud del cambio que se cocina. El oficialismo no quería que se discutiese ni que estuviese en agenda antes de su llegada al Congreso, para evitar el debate público en torno a transformaciones que, anticipan, serán cuanto menos “sensibles” para la sociedad.
Sin embargo, el hermetismo duró poco. A mitad de semana, Carolina Losada, senadora e integrante del Consejo de Mayo, el espacio al que se le asignó la tarea de estudiar la modificación de la ley de educación vigente, lo explicitó: «Hay filtraciones que no hacen bien a lo que nosotros queremos hacer“. En un solo movimiento, desnudó la propia estrategia y confirmó que el borrador era un avance de reforma que debía tomarse en serio.
Lo que aún confunde más las cosas es que, a priori, la circulación del bosquejo podría haberse impulsado desde el propio terreno libertario. Un ala, en apariencia compuesta por funcionarios obedientes a referentes del empresariado nacional podría haber sido la responsable de que el documento de 34 páginas viera la luz. Especulaciones aparte, expertos y expertas del campo educativo se anticipan a la futura presentación del proyecto legislativo en el Congreso y brindan sus puntos de vista.
Guillermo Ruiz, investigador del Conicet y especialista en política educativa, resume: «Es un proyecto muy regresivo, contrario a la Constitución de Argentina, que no tiene asidero en nuestro marco normativo, y que responde básicamente a una lógica de más ajuste presupuestario». Roberto Abdala, director de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, apunta: “Si bien no hay una declaración oficial que diga que este será el proyecto, sin embargo, solo leerlo alcanzó para provocar malestar y estupor, por algunas ideas que allí se incluyen y son preocupantes“.