Un fallo judicial obliga al Ejecutivo Nacional a liberar los fondos destinados a prestaciones básicas para personas con discapacidad, retenidos en el marco del ajuste. La medida impacta de lleno en centros de día y transportistas del NOA, que arrastran deudas por el recorte de transferencias nacionales.
La Justicia le ordenó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad y deje de retener los fondos asignados a prestaciones esenciales para personas con discapacidad. El fallo representa un freno judicial a una de las consecuencias más críticas del ajuste fiscal aplicado por el Ejecutivo, que afectó directamente a uno de los sectores más vulnerables de la población.
La decisión judicial responde a los reclamos de prestadores, organizaciones y familias que vienen denunciando el incumplimiento sistemático de los pagos correspondientes a servicios básicos como atención en centros de día, rehabilitación y transporte especializado. En provincias del NOA, la situación es especialmente grave: muchos centros funcionan con recursos mínimos y los transportistas acumulan deudas que ponen en riesgo la continuidad del servicio.
Según se desprende del fallo, el Estado nacional no puede interrumpir ni demorar la transferencia de fondos previstos por ley, ya que se trata de derechos garantizados y no de gastos discrecionales. La resolución judicial advierte que el incumplimiento compromete el acceso a la salud, la inclusión y la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.
Mientras el Gobierno evalúa los pasos a seguir, desde el sector advierten que la normalización de los pagos es urgente. La falta de financiamiento sostenido ya provocó cierres, reducción de prestaciones y un deterioro profundo en la red de atención, con consecuencias directas sobre las personas y sus familias.