El concepto de «movilidad social ascendente» a través del empleo ha muerto en Salta.
El fenómeno del trabajador pobre ya no es una excepción estadística, sino una realidad estructural: una jornada de ocho horas en el sector formal salteño ya no garantiza cubrir la Canasta Básica Total. La brecha entre el costo de vida en el norte y los acuerdos paritarios nacionales ha generado una masa de asalariados que, aun estando «en blanco», dependen de la asistencia estatal o el endeudamiento para comer.
El problema radica en la composición del gasto fijo en la provincia. Con tarifas de servicios públicos y transporte que superan la media nacional, el salario real se erosiona antes de entrar en la segunda quincena. Esta situación profundiza la desigualdad regional: mientras el centro del país discute márgenes de rentabilidad, en el interior se discute la viabilidad de sostener un empleo que no paga el costo de ir a trabajar. Es una transferencia de recursos silenciosa desde la fuerza laboral hacia los sectores concentrados que fijan los precios de los servicios básicos.
La consolidación de este modelo rompe el tejido productivo local. Si el consumo interno se detiene porque el trabajador no tiene resto, el comercio de cercanía colapsa. El resultado es una economía de subsistencia donde el esfuerzo humano se desvaloriza día a día, convirtiendo al trabajo en un mero trámite para no caer en la indigencia absoluta, lejos de cualquier proyecto de vida o estabilidad familiar.