El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -precandidato a Vicepresidente en la lista de Horacio Rodríguez Larreta- ordenó aprobar una reforma constitucional a espaldas de la población con el objetivo de colar dos artículos para privilegiar a las mineras productoras de litio. Por un lado, la modificación le otorga un mayor manejo discrecional sobre las tierras fiscales para beneficiar exclusivamente a las productoras de litio y con otro inciso habilitó la represión de la protesta social, muchas veces asociada a conflictos de tierra. La aprobación se logró con los votos del radicalismo y el peronismo local. La represión hacia los miles manifestantes que se oponen a esta reforma resultó ser una expresión más del autoritarismo que caracteriza a los integrantes de Juntos por el Cambio.

La modificación que avanza sobre los posibles usos y restricciones para las tierras fiscales institucionalizó la entrega de miles de hectáreas, mayormente para la extracción de litio, al sector privado en detrimento de las comunidades originarias que persisten en sus reclamos históricos. Esta fue la denuncia gritada en las calles por los integrantes de las diferentes comunidades, docentes y otras organizaciones gremiales y políticas. Tal avasallamiento sobre los derechos de un conjunto de la población puso en evidencia, a su vez, la necesidad de discutir un nuevo régimen normativo sobre la minería, que hoy deja en desventaja a las provincias y al Estado nacional en cuanto al cobro de tributos, regalías y derechos de exportación, e incluso cercena herramientas para potenciar el agregado de valor en origen frente a los grandes conglomerados privados que tienen todo servido para la subfacturación de exportaciones. El caso Livent y una subfacturación planificada por 13 millones de dólares.

A su vez, los debates sobre una posible industrialización del litio podrían ser el puntapié para desarmar y modificar un modelo de negocios pergeñado en la década de 1990, momento en que las empresas privadas extranjeras llegaron a tener más poder de acción que las provincias.

Las preguntas en danza son varias: ¿Se debe nacionalizar el litio? ¿Puede crearse una empresa estatal con peso para participar del mercado litero junto a las provincias? ¿Cómo podrían los estados provinciales y el Nacional incrementar la captación de la rentabilidad de este sector? Preguntas claves, teniendo en cuenta que este mineral es central para la transición energética y la generación de divisas. El litio podría ubicarse entre los primeros complejos exportadores del país en tan sólo 5 años: un escenario de exportación anual de USD 5.120 millones hacia 2026.

El debate está abierto.

La tierra es mucho más

Morales introdujo en su Constitución un artículo específico sobre el manejo de las tierras fiscales, en un escenario donde proliferan los proyectos de extracción de litio, cartelizados por un puñado de empresas.  «La tierra es un bien de trabajo y de producción», quedó definido en el artículo 74 de la nueva carta magna provincial.

«La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia», concluyó el articulado.

Fuente El Destape

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