El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad: una conquista de la movilización y la lucha

Los 71 senadores presentes respaldaron la norma que busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El resultado fue fruto de la presión de familiares, organizaciones y prestadores de todo el país, que sostuvieron sus reclamos frente al ajuste del Gobierno nacional. Ahora, el desafío pasa por garantizar el presupuesto necesario para que la ley se cumpla.

La Cámara alta convirtió en ley el nuevo régimen de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La aprobación llegó después de meses de reclamos, movilizaciones y una fuerte disputa política por el impacto de las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La iniciativa transforma en permanente el esquema de protección que hasta ahora estaba contemplado en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre. Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima y permite compatibilizarlas con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos individuales no superen los dos salarios mínimos.

También garantiza la continuidad de la cobertura médica a través de Incluir Salud, establece mecanismos de actualización de los aranceles que reciben los prestadores y contempla un cronograma para cancelar las deudas acumuladas por el Estado. El Gobierno tendrá 30 días para presentar ese esquema de pagos y un máximo de 90 días para completar las obligaciones pendientes.

La votación estuvo atravesada por cuestionamientos al comportamiento del Ejecutivo durante el conflicto. La oposición recordó los intentos de recortar derechos, el veto presidencial a la ley de emergencia y las dificultades que atravesaron familias, instituciones y profesionales para sostener las prestaciones.

La visita del papa León XIV a la Argentina también contribuyó a darle visibilidad al reclamo. Durante su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione, el pontífice había señalado que el progreso de una nación también se mide por la forma en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la unanimidad parlamentaria no despeja todas las incertidumbres. Desde las organizaciones del sector advirtieron que la sanción legislativa debe estar acompañada por partidas presupuestarias suficientes y mecanismos que garanticen su cumplimiento efectivo. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) sintetizó esa preocupación con una advertencia: sin presupuesto, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta.

La aprobación representa una victoria política y social para un colectivo que sostuvo sus reclamos frente a las políticas de ajuste. Pero también abre una nueva etapa: conseguir que los derechos reconocidos en el Congreso se traduzcan en prestaciones, cobertura y recursos concretos.

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