El oficialismo negocia cambios para reunir los votos necesarios en el Senado y volver a tratar el proyecto el próximo 6 de agosto. La iniciativa modifica de manera profunda el régimen de propiedad de tierras rurales.
El Gobierno nacional intensificó las negociaciones para destrabar el tratamiento del proyecto que modifica la legislación sobre tierras rurales y que, entre otros cambios, elimina los límites vigentes para la adquisición de campos por parte de inversores extranjeros.
Luego de varios intentos fallidos para obtener los votos necesarios en el Senado, funcionarios del Ejecutivo y legisladores oficialistas introdujeron modificaciones al texto con el objetivo de alcanzar un consenso que permita llevar la iniciativa al recinto el próximo 6 de agosto.
La propuesta forma parte de un paquete legislativo sobre la denominada «inviolabilidad de la propiedad privada». Además de modificar la Ley de Tierras Rurales, incorpora cambios en el régimen de expropiaciones, los desalojos y otras normas vinculadas al uso y la propiedad de la tierra.
La legislación vigente, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia o departamento, además de fijar límites por nacionalidad y por superficie en zonas estratégicas. El proyecto impulsado por el oficialismo elimina esas restricciones con el argumento de facilitar el ingreso de inversiones.
La iniciativa genera un fuerte debate político. Sus impulsores sostienen que la apertura del mercado de tierras favorecerá nuevas inversiones productivas y dinamizará las economías regionales. En cambio, sectores de la oposición, organizaciones rurales y especialistas advierten que la reforma podría profundizar la concentración de la propiedad y comprometer el control sobre recursos estratégicos como el agua, los minerales y las zonas de frontera.