La Corte Suprema revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La decisión vuelve a dejar sin efecto las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El CECIM cuestionó duramente el fallo y sostuvo que “pusieron a la Argentina en venta”.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado la acción judicial, no tenía legitimación para impulsar esa demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial en los términos exigidos por la Constitución. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Un punto central es que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. Es decir, el tribunal no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras, sino que revocó el fallo anterior por cuestiones vinculadas con quién estaba habilitado para llevar el planteo ante la Justicia.
En términos concretos, la decisión vuelve a poner en vigencia la derogación de la Ley 26.737. Esa norma establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y límites adicionales para determinados propietarios extranjeros y zonas productivas. Con la derogación, esas restricciones dejan de aplicarse.
El fallo llega después de que el Gobierno intentara avanzar nuevamente sobre la cuestión en el Congreso. En agosto, el oficialismo retiró de un proyecto sobre propiedad privada el capítulo referido a la adquisición de tierras por extranjeros, luego de que la iniciativa encontrara resistencia parlamentaria.
Desde el CECIM cuestionaron con dureza la resolución. La organización sostuvo que la decisión afecta la defensa de la soberanía territorial y calificó sus consecuencias como una puesta en venta de la República Argentina. Esa expresión corresponde a la valoración política del organismo y no a una afirmación de la Corte.
La discusión vuelve así al centro del debate sobre soberanía, propiedad de la tierra y participación extranjera en el territorio argentino. Mientras la derogación permanece vigente, queda abierto el debate político y legislativo sobre si deben existir nuevos límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
La pregunta que queda instalada es tan simple como enorme: ¿hasta dónde llega el derecho a la propiedad cuando lo que está en juego es el territorio nacional?