Mediante una nota a la Cámara de Senadores de la Nación, el defensor del pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, pidió que se le dé tratamiento al proyecto de la ley de inquilinos que ya cuenta con media sanción de Diputados y modificará la vigente. En Salta la Unión de Inquilinos considera que esta reforma será perjudicial para el sector.
El proyecto comenzó a debatirse la semana pasada en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional. Están previstas nuevas reuniones este miércoles y jueves.
La referenta de la Unión de Inquilinos, y presidenta de la Fundación Khuyay, Natalia Soraire, dijo a Salta/12 que el nuevo proyecto de ley de alquileres “no está amparando los derechos” del sector y sólo es funcional a los intereses de las inmobiliarias”.
Para Soraire, el problema que afronta el sector inquilino radica en el hecho de que la legislación vigente “no se cumple como corresponde”.
En una postura distinta, el defensor del pueblo de la ciudad de Salta envió una nota a la Cámara de Senadores de la Nación solicitando que se trate con urgencia el proyecto de la nueva ley. “La demanda especialmente es desde los inquilinos que sufren el aumento de precios y por parte de los propietarios los pocos incentivos para disponer unidades en alquiler”, dijo el funcionario a Salta/12.
Núñez Burgos destacó lo que consideró aspectos positivos de la iniciativa en discusión: “estableciendo un criterio de aumentos fijos y proporcionales, el proyecto de ley estipula cada 4 meses con aumentos pre pactados” y consideró que con esto “seguramente aumentarán las cantidades de unidades dispuestas a ser alquiladas”. Otorga “mejoras en el precio del alquiler” y ofrece “más previsibilidad para que los inquilinos puedan programar sus gastos”, aseguró. “Lo que vimos dice que entre las partes negociarán el porcentaje de actualización”, añadió.
Para Núñez Burgos, lo positivo del proyecto en debate” sería que “vuelve más predecible el precio que debe pagar el inquilino”. Dijo que el monto de alquiler “ahora es incierto” porque el índice depende de la inflación. En cambio, consideró negativo el acortamiento del plazo del contrato a dos años, “creo que a tres es mejor”, aseveró.
Pero para Soraire, que el aumento sea cuatrimestral y no anual, “con contrato de alquiler de dos años y no de tres, nos deja en peor situación. Sería un retroceso de nuestros derechos ya adquiridos. Nunca se habla de un proyecto superador en donde la exclusión del Banco Central sea la prioridad sino que se habla de acortar los derechos de los inquilinos, trabajar en los ítems que no queremos que se toquen, el aumento anual, por ejemplo”, cuestionó. Consideró que es necesario “un proyecto superador y preguntando a las partes inquilinas que son las verdaderas perjudicadas”.
Que no intervenga el Estado
Por otro lado, la abogada Emilia Calmejane, encargada de la oficina de la Defensoría para Inquilinos, Consorcistas y Propietarios creada este año en la municipalidad de la ciudad de Salta, opinó que “las reformas propuestas en el dictamen de Diputados son soluciones alentadoras en este momento”.
“Por la experiencia y el asesoramiento que brindamos en la Defensoría de Inquilinos del municipio muchas de las consultas y audiencias están relacionadas al monto de alquiler y a las actualizaciones. En este momento a muchos inquilinos tampoco les resulta conveniente el congelamiento de alquiler anual porque cuando tienen que actualizar de golpe tienen que pagar más del doble del valor”, dijo Calmejane a Salta/12.
La funcionaria consideró que el avance de la reforma de la ley “tiene que volver al acuerdo libre de partes en precio y plazos y mantenerse respecto a los derechos y garantías aplicables al resto de la ley”. Para Calmejane, “el problema se dio en el momento en que el Estado intervino y le impuso la carga de garantizar el derecho a la vivienda a particulares inquilinos y propietarios cuando esa responsabilidad es estatal”.
También en este caso la representante de inquilinos e inquilinas difirió en su opinión. “Nosotros como inquilinos queremos que se cumpla con la ley de alquileres (actual) como corresponde, que de verdad haya organismos que respondan a los intereses de los inquilinos y no de las grandes corporaciones”, dijo Soraire.
Para Núñez Burgos, “si hay oferta de viviendas en alquiler los precios y las actualizaciones van a tender a la baja”. “Al final se espera que el mercado alcance un equilibro como existía antes de la reforma de la ley”, sostuvo.
“(El pedido de tratamiento urgente del defensor del pueblo) nos deja muy por debajo de la vara a quienes hoy estamos en papel de inquilinos”, consideró Soraire. Además, recalcó que desde la fundación que integra vienen pidiendo desde hace tres años “que la Defensoría del Pueblo pueda tratar temas relacionados a alquileres y nunca derivaron una oficina pero ahora salieron a decir que hace dos años están trabajando en asesoría para inquilinos”. La referenta opinó que el funcionario debería consultarles para conocer su situación.
“Le pedimos al defensor del pueblo que antes de una opinión que dice beneficiar a los inquilinos pueda comunicarse con nosotros y nosotras, para saber si es de nuestro verdadero interés”, expresó Soraire.
Fuente: Pagina12