El Gobierno nacional publicó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica aspectos de la política migratoria argentina. La medida fue presentada en medio de las críticas oficiales por una supuesta «campaña antiargentina» y vuelve a generar cuestionamientos por el alcance de las facultades otorgadas al Ejecutivo.
El presidente Javier Milei firmó un nuevo DNU que introduce cambios en la normativa migratoria con el objetivo de reforzar los controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.
Entre los principales puntos, el decreto amplía las posibilidades de impedir el ingreso o disponer la expulsión de personas consideradas una amenaza para la seguridad o el orden público, además de endurecer distintos procedimientos administrativos vinculados con la residencia de extranjeros.
Desde el Gobierno sostienen que la medida responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control fronterizo y combatir delitos vinculados al crimen organizado. Sin embargo, distintos sectores políticos y organismos de derechos humanos cuestionan el uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la legislación migratoria y advierten sobre posibles conflictos con garantías constitucionales.
El decreto se suma a otras iniciativas impulsadas por la administración nacional en materia de seguridad y migraciones, en un escenario de fuerte debate político sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo.