Como en anteriores gobiernos liberales, Milei pretende desmembrar leyes como la de Contrato de Trabajo y Convenios Colectivos en beneficio de empresas y el capital financiero.
La propuesta, que se basa en un proyecto ya presentado el año pasado y que lleva la firma de la diputada Romina Diez como autora principal y que tiene el acompañamiento, entre otros, de Lilia Lemoine y el amigo del narco Fred Machado, José Luis Espert, representa para los trabajadores el fin de los derechos laborales. No hay en todo su articulado un beneficio para el empleado.
Matias Cremonte, a la sazón presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, se preocupa en desmontar algunas falacias que llegan desde la Casa Rosada. Advierte, por caso, que es falso que una reforma laboral tenga incidencia en la economía real porque «lo que define la dinámica económica es la política económica que se aplica que puede ser más proteccionista o libertaria».
Es más, señala que el cierre de empresas, la caída del consumo, de los ingresos y el desmoronamiento de las ventas de productos nacionales fruto de la apertura indiscriminada, ya atentan contra la contratación de nuevos trabajadores. Pero además, indica que todo esto debe ir acompañado por algo que sistemáticamente hacen los gobiernos liberales y es la estigmatización de los sindicatos, de los abogados laboralistas y, por ende, del andamiaje legal que protege a los empleados y también la justicia del fuero laboral.
Mauricio Macri, durante su gobierno, buscó avanzar contra las leyes laborales y, sobre todo los abogados laboralistas. Incluso sindicó, sin prueba alguna, al entonces diputado y experimentado abogado laboralista, Héctor Recalde, como el supuesto cabecilla de una mafia de la industria del juicio. En todo caso Recalde fue una guía e inspiración para los abogados que litigan en el fuero laboral.
El experimento que ahora impulsa Milei no es nuevo. Ya lo intentó la dictadura militar, el menemismo, hasta la Alianza que se valió de la ley Banelco y el gobierno de Macri. En todos estos casos la destrucción de los derechos de los trabajadores tiene como objetivo el desarrollar un programa económico que beneficie a los empresarios y al capital financiero. Por eso, como afirma Cremonte, es prioritario para estos gobiernos, como el de Milei, «atacar y/o destruir la barrera que representa la legislación laboral y, naturalmente, el movimiento obrero».
FUENTE: PAGINA 12