En una sesión atravesada por la reforma de la Ley de Glaciares, los diputados salteños votaron a favor del oficialismo. Rechazaron los intentos de la oposición de interpelar a Manuel Adorni y avanzar con iniciativas vinculadas al caso Libra. La jornada dejó al descubierto un doble movimiento: habilitar el avance minero y blindar al gobierno nacional.
Por Maira Lopez para Salta 12
La Cámara de Diputados de la Nación sesionó este miércoles con un temario que condensó dos planos de disputa. Por un lado, la sanción definitiva de la reforma a la Ley de Glaciares; por otro, los intentos de la oposición por abrir el recinto a la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a proyectos vinculados al caso Libra. En ambos terrenos, la representación salteña actuó con una lógica similar: alineamiento con el oficialismo nacional y provincial, y rechazo a cualquier iniciativa que incomode al Poder Ejecutivo.
La modificación de la Ley 26.639 —que ya contaba con dictamen favorable desde el martes— propone un cambio estructural, pues deja atrás la protección integral del ambiente periglaciar para pasar a un esquema selectivo, basado en la “función hídrica comprobable”. En términos concretos, habilita la posibilidad de desarrollar actividad minera en zonas que hoy están vedadas.
El oficialismo consiguió avanzar con el proyecto apoyado por el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Entre estos últimos, se inscribe Innovación Federal, espacio que responde políticamente al gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Pero mientras eso ocurría dentro del Congreso, en las calles de la capital salteña y en la localidad vallista de San Carlos, organizaciones sociales, ambientales y asambleas ciudadanas y partidos políticos, se movilizaron en defensa del agua y contra la reforma.
Voto unificado para la reforma
En ese marco, los siete diputados nacionales por Salta votaron afirmativamente la reforma a la Ley de Glaciares. Por La Libertad Avanza lo hicieron Emilia Bruno, Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata. A ellos se sumaron Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal.
En una exposición en representación de su bloque Pablo Outes defendió la reforma con un discurso centrado en el federalismo y el desarrollo económico de las provincias mineras. Planteó que el proyecto no implica una liberalización irrestricta, sino una devolución de facultades. “Lo único que se está haciendo es devolverle la facultad a las provincias mineras de poder opinar en materia de explotación minera en la medida en que tengan informes técnicos, razonables, efectivos”, aseguró.
El diputado insistió en una mirada federal del desarrollo. Sostuvo que “Argentina está compuesta por provincias”, que “cada una tiene su potencial”, y en ese esquema ubicó a Salta como una provincia con vocación minera. “Creo plenamente que la minería es un factor de desarrollo y debemos darle condiciones para que se desarrolle en forma sustentable y responsable”, afirmó.
Outes también vinculó la actividad con el empleo y la inclusión social, especialmente en territorios con altos niveles de pobreza. Planteó que puede generar oportunidades laborales, incluso para comunidades indígenas, y dinamizar economías regionales.
Al mismo tiempo, intentó desactivar el argumento ambiental como obstáculo absoluto: reconoció riesgos, pero afirmó que deben ser abordados con controles y fiscalización, no con prohibiciones. “Esto no quiere decir no controlar, no fiscalizar y no sancionar”, remarcó.
En un pasaje más político, cuestionó lo que definió como una mirada “centralista” que subestima a las provincias y defendió la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus recursos con criterios técnicos.
No sorprende la votación de la delegación norteña. La provincia, que en el plenario de comisiones había defendido la necesidad de “precisión técnica” para habilitar inversiones mineras, terminó expresando en el recinto un respaldo total a la iniciativa. Lo hizo sin matices ni disidencias.
La votación consolidó así una línea política que ya se venía delineando, dónde quedó nuevamente visible la convergencia entre el oficialismo libertario y los gobernadores de provincias mineras para avanzar en una flexibilización normativa que permita destrabar proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos.
Blindaje a Adorni
Pero la sesión no se agotó en el debate ambiental. En paralelo, la oposición intentó colar en el recinto el escándalo político que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A través de una moción de apartamiento del reglamento, la diputada nacional Paula Penacca (Unión por la Patria), impulsó la interpelación de Adorni. Pero la iniciativa no alcanzó la mayoría necesaria.
En esa votación, la representación salteña volvió a alinearse mayoritariamente con el oficialismo. Votaron en contra los libertarios Bruno, Flores, Moreno y Zapata, junto con Pablo Outes y Yolanda Vega. Bernardo Biella, en tanto, estuvo ausente.
El resultado dejó en claro que, más allá de las tensiones discursivas que puedan existir en otros ámbitos, a la hora de sostener al Gobierno nacional, el bloque salteño cerró filas.
La misma lógica se repitió cuando el diputado Maximiliano Ferraro planteó una nueva moción de apartamiento de reglamento para incorporar proyectos vinculados al caso Libra, algunos de los cuales proponían citar tanto a Karina Milei como a Adorni.
El oficialismo volvió a bloquear la jugada. Y por Salta, votaron en contra Emilia Bruno, Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata. En este caso, Yolanda Vega se desmarcó y votó a favor. Pablo Outes y Bernardo Biella, en tanto, no estuvieron presentes.
Las ausencias, lejos de ser anecdóticas, volvieron a jugar un rol político, ya que les permiten a los legisladores evitar definiciones en una votación incómoda sin romper formalmente con la estrategia de bloque.
Entre el agua y los dólares
Mientras en las calles organizaciones sociales, ambientales y políticas se movilizaban bajo la consigna de defensa del agua, dentro del Congreso se definió una reforma que redefine los límites de protección.
El argumento oficial —replicado por gobernadores y funcionarios— insistió en que no se trata de eliminar la protección, sino de hacerla “más precisa” para compatibilizar ambiente y producción. La oposición, en cambio, advirtió que el cambio abre la puerta a la degradación de ecosistemas clave en regiones donde el agua es un recurso escaso.
En ese cruce, Salta vuelve a ubicarse en un lugar central, ya se es vista como territorio estratégico del litio; convirtiéndose en una actora político que sostuvo la reforma y como bloque legislativo que acompaña sin fisuras.