El Gobierno anunció que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad será utilizado para fondear a los bancos que otorguen créditos para primera vivienda. La medida fue presentada como una forma de “justicia social”, aunque el esquema apunta a familias con ingresos muy por encima del promedio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo programa de créditos hipotecarios que utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar a los bancos.
El esquema contempla licitaciones por un total de $2 billones, divididas en diez tramos de $200.000 millones. Los fondos serán colocados a plazo fijo y en UVA en las entidades financieras, que deberán destinarlos a créditos para la compra de primera vivienda.
Los préstamos podrán alcanzar hasta 150.000 UVA, equivalentes a unos $54 millones según la cotización considerada al momento del anuncio, con un plazo mínimo de 15 años. La tasa máxima establecida será de UVA + 7,5% y el Banco Central tendrá a su cargo la supervisión del programa.
Caputo sostuvo que la iniciativa tendrá un “efecto multiplicador” sobre la economía y permitirá ampliar el acceso a la vivienda. Sin embargo, uno de los principales interrogantes está en quiénes podrán efectivamente acceder a estos créditos.
El propio ministro señaló que el programa apunta a familias con ingresos cercanos a los $3,5 millones mensuales. Ese requisito deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores y familias cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de ese nivel.
Según el último dato oficial citado en el debate, el ingreso promedio de los ocupados se ubica considerablemente por debajo de los $3,5 millones planteados como referencia para acceder al financiamiento. A esto se suman la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para demostrar ingresos estables que suelen exigir los bancos.
La paradoja política también quedó instalada. El Gobierno que convirtió la “justicia social” en uno de sus principales blancos discursivos ahora utiliza ese concepto para presentar una política económica que canaliza recursos públicos hacia el sistema financiero.
El punto central del debate será, entonces, quién asume el riesgo y quién obtiene el beneficio. Los fondos pertenecen al sistema previsional, mientras que serán los bancos quienes recibirán el dinero para ampliar su capacidad de otorgar préstamos.
La medida vuelve a poner bajo discusión el destino del FGS y el uso de los recursos acumulados para sostener el sistema previsional. Para sus críticos, el mecanismo supone utilizar dinero destinado a garantizar la sustentabilidad futura de las jubilaciones para mejorar el fondeo del sistema financiero.