Al menos tres presentaciones judiciales apuntan contra el Presidente y otros funcionarios por su posible intervención en el traslado del dirigente brasileño hacia Estados Unidos. La oposición también reclama explicaciones sobre el uso de recursos públicos y el papel de los organismos de seguridad y Migraciones.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta nuevas denuncias judiciales por su presunta participación en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, luego de que el dirigente de ultraderecha viajara a Estados Unidos a través de la Argentina. Las presentaciones buscan determinar si funcionarios nacionales facilitaron su traslado y si se utilizaron recursos estatales para concretar la operación.
Las denuncias alcanzan al Presidente, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios. Los denunciantes plantean posibles delitos como encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por la Justicia.
Tres denuncias y pedidos de investigación
Las presentaciones fueron impulsadas por el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano, el diputado socialista Esteban Paulón y la diputada Marcela Pagano. Los expedientes tramitan en la Justicia federal y buscan esclarecer las circunstancias del ingreso de Bolsonaro a la Argentina, su traslado hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y su posterior partida en un vuelo privado.
Uno de los principales interrogantes es si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño y qué intervención tuvieron los organismos estatales en el operativo. También se busca establecer quién organizó y financió el vuelo, operado por la empresa Baires Fly, y si hubo participación de funcionarios de las áreas de seguridad, inteligencia y diplomacia.
El episodio quedó bajo la lupa después de que se conociera el paso de Bolsonaro y su familia por la Argentina y su posterior salida hacia Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el ingreso se había realizado con documentación habilitada y sin impedimentos legales para entrar al país. Sin embargo, los denunciantes reclaman que se determine si existieron otras restricciones o circunstancias que debieron ser consideradas por las autoridades.
La oposición exige explicaciones al Gobierno
Además de las denuncias penales, legisladores de distintos bloques opositores impulsaron pedidos de informes e interpelaciones para que funcionarios nacionales expliquen cómo se desarrolló el operativo. Entre los puntos que reclaman aclarar figuran el papel de la Cancillería, la actuación de Migraciones y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la eventual utilización de vehículos, personal y otros recursos públicos.
El Congreso también busca establecer qué participación pudo haber tenido Santiago Caputo y cuáles fueron las gestiones diplomáticas vinculadas con el traslado del dirigente brasileño.
El caso suma tensión a la relación entre la Argentina y Brasil, en un contexto de diferencias políticas entre Milei y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La oposición reclama, además, que el Gobierno argentino reconozca formalmente el resultado electoral brasileño y restablezca el diálogo bilateral.
Por ahora, las denuncias plantean hipótesis que deberán ser examinadas judicialmente. El avance de las investigaciones permitirá determinar si existieron irregularidades y si corresponde atribuir responsabilidades penales a funcionarios o particulares.