Denis Gisel Viñabal tenía 27 años y era madre de dos niñas. Fue asesinada a tiros por su expareja, un efectivo de la Policía de Salta, durante una audiencia en el Centro de Mediación de Chicoana. El hombre escapó y murió cuando era trasladado al hospital tras dispararse. El crimen expone graves interrogantes sobre los mecanismos institucionales de protección frente a la violencia de género.
Un nuevo femicidio conmociona a Salta. Denis Gisel Viñabal, de 27 años, fue asesinada el jueves por su expareja, un efectivo de la Policía provincial, durante una instancia de mediación que se desarrollaba en dependencias de la Municipalidad de Chicoana.
El ataque ocurrió alrededor de las 14, cuando ambos participaban de una audiencia vinculada con las dos hijas menores que tenían en común. Según las primeras informaciones, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó a la mujer en el rostro, provocándole la muerte en el lugar.
El agresor fue identificado como Carlos Enrique Pascal, de 32 años. Después del ataque escapó hacia una zona rural y fue intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Cuando los efectivos lograron cercarlo, se disparó y fue encontrado gravemente herido. Murió durante el traslado al hospital local.
La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien coordinó las tareas de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Se dispusieron las autopsias correspondientes y distintas medidas para reconstruir lo sucedido.
Una mediación bajo cuestionamiento
El crimen abrió un debate particularmente grave: ¿por qué una mujer terminó compartiendo una instancia de mediación con su expareja en un contexto atravesado por la violencia de género?
La Ley Nacional 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, prohíbe expresamente las audiencias de mediación o conciliación en los procedimientos por violencia de género. En Salta, la Ley Provincial 7.888 también establece esa prohibición.
La exsenadora provincial Gabriela Cerrano volvió a advertir sobre los riesgos de estos procedimientos. Señaló que recibió durante años denuncias de mujeres que eran convocadas a mediaciones con exparejas denunciadas por violencia, particularmente en conflictos por alimentos y regímenes de comunicación con sus hijos.
También cuestionó que los centros de mediación del interior provincial funcionen sin protocolos suficientes para responder ante situaciones de violencia.
Otro elemento que agrava los interrogantes es la condición del agresor: era integrante de la Policía y tenía autorización para portar un arma de fuego. Por el momento, no se informó oficialmente si existían denuncias previas contra él.
A días del 25N
El Observatorio Popular Feminista de Salta Ñawi también repudió el femicidio y puso el foco en el lugar donde ocurrió: un espacio institucional al que la víctima había concurrido buscando una instancia de resolución.
A pocos días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización reclamó políticas públicas efectivas, prevención y mecanismos de seguimiento que permitan intervenir antes de que se produzcan hechos irreparables.
El asesinato de Denis vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad del Estado y de las instituciones que deben garantizar protección. La existencia de leyes no alcanza si los dispositivos encargados de aplicarlas terminan exponiendo a las víctimas a situaciones de riesgo.
Denis tenía 27 años y dos hijas. Fue asesinada en un edificio municipal, durante una instancia institucional que debía ofrecer una solución. La pregunta que queda es cuántas advertencias más hacen falta para que los mecanismos de protección funcionen.