La oposición denuncia que el Gobierno nacional habría utilizado partidas destinadas a rutas para favorecer a gobernadores aliados. Salta aparece en un escenario marcado por el reclamo de obras y recursos y por la cercanía política de Gustavo Sáenz con la Casa Rosada.
Una nueva denuncia pone bajo la lupa la estrategia del Gobierno de Javier Milei para reconstruir acuerdos con los gobernadores y conseguir respaldo para sus proyectos en el Congreso.
Según publicó Página/12, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno por el presunto desvío de fondos que estaban destinados al mantenimiento y reparación de rutas nacionales. La acusación sostiene que esos recursos habrían terminado beneficiando a mandatarios provinciales aliados al oficialismo en el marco de las negociaciones políticas.
El planteo adquiere especial relevancia para Salta. El gobernador Gustavo Sáenz mantiene desde hace meses un vínculo de diálogo y negociación con la administración de Milei, al mismo tiempo que reclama a Nación recursos para obras que permanecen demoradas o paralizadas.
Salta: rutas deterioradas y reclamos pendientes
La provincia necesita respuestas para una extensa red de rutas nacionales estratégicas. Entre ellas se encuentran la Ruta Nacional 9/34, los tramos de la Ruta Nacional 51, la Ruta Nacional 50 y otras vías fundamentales para la producción, el transporte y la conexión con Chile.
En marzo, Sáenz reclamó ante funcionarios nacionales la continuidad de obras consideradas estratégicas para Salta, entre ellas la 9/34, los puentes sobre el río Vaqueros y los tramos 2 y 3 de la Ruta 51, vinculados al Corredor Bioceánico.
La situación contrasta con el esquema que analiza la denuncia: mientras las provincias sufren restricciones de recursos y Nación reduce su participación en la obra pública, el Gobierno estaría utilizando determinadas partidas como herramienta para consolidar acuerdos políticos.
De hecho, en mayo Sáenz volvió a reclamar recursos nacionales para infraestructura y planteó ante funcionarios de la Casa Rosada la necesidad de destrabar obras paralizadas o demoradas, incluyendo rutas nacionales, plantas depuradoras, infraestructura escolar y la Ciudad Judicial de Orán.
¿Premio político o negociación institucional?
La denuncia de Pagano deberá ser investigada por la Justicia y no implica, por sí misma, que exista una responsabilidad penal comprobada. El punto central será determinar si hubo una utilización discrecional de fondos públicos y si las transferencias estuvieron vinculadas a acuerdos políticos.
El contexto es clave: el Gobierno necesita reconstruir una mayoría parlamentaria para avanzar con su agenda legislativa y busca estrechar vínculos con gobernadores que puedan garantizar votos de sus bloques.
Un reciente análisis sobre las negociaciones entre Nación y las provincias señaló que el deterioro de las rutas se convirtió precisamente en una pieza de negociación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. El mismo informe estimó que durante el primer semestre las provincias perdieron alrededor de $2,2 billones entre transferencias automáticas y no automáticas.
Para Salta, el interrogante es inevitable: si existen fondos para negociar políticamente con los gobernadores, ¿por qué las rutas nacionales continúan acumulando reclamos y obras pendientes?
La ruta 9/34, un ejemplo del problema
La Ruta Nacional 9/34, uno de los principales corredores del sur salteño, es particularmente sensible. El tramo entre Rosario de la Frontera y Metán forma parte de una red estratégica para el transporte de cargas y la actividad productiva del NOA.
En julio, La Gaceta volvió a mostrar el estado de este corredor al abordar el debate por las nuevas concesiones y el deterioro de la infraestructura vial nacional.
Mientras tanto, desde Salta la Provincia sostiene que debe afrontar con recursos propios obligaciones que corresponden al Estado nacional. El reclamo también alcanza a otras áreas: por ejemplo, la administración provincial asumió el costo de sostener servicios que perdieron financiamiento nacional, como el transporte público.
El debate de fondo
Más allá de la denuncia puntual, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: qué criterio utiliza el Gobierno nacional para distribuir los recursos públicos entre las provincias.
Si las partidas destinadas a infraestructura terminan funcionando como moneda de cambio para obtener respaldo legislativo, la discusión deja de ser solamente presupuestaria y pasa a involucrar la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Para Salta, donde existen obras viales estratégicas todavía pendientes, la pregunta es concreta: ¿los recursos llegarán por las necesidades de la provincia o dependerán de la relación política con la Casa Rosada?
La Justicia deberá determinar si la denuncia de Pagano tiene sustento. Mientras tanto, las rutas salteñas siguen esperando respuestas.