El Gobierno de Javier Milei necesita votos para aprobar la reforma que elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La senadora salteña Flavia Royón aparece entre las legisladoras que podrían definir el resultado.
El oficialismo atraviesa horas decisivas en el Senado. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, necesita alcanzar los 37 votos para obtener quórum y avanzar con una reforma que elimina buena parte de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Entre los nombres que aparecen en el radar de la Casa Rosada figura nuevamente la senadora nacional por Salta Flavia Royón, señalada como una de las legisladoras cuyo voto podría inclinar la balanza en una sesión que promete ser una de las más polémicas del año.
Una ley que reabre el debate por la soberanía
La iniciativa propone eliminar el límite que actualmente establece que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, además de flexibilizar las restricciones para adquirir terrenos ubicados en zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales y reservas de agua. Sus detractores sostienen que la reforma abre la puerta a una mayor extranjerización del territorio argentino.
El oficialismo asegura contar con alrededor de 34 votos propios y aliados, por lo que necesita convencer a un pequeño grupo de senadores que todavía no definieron públicamente su posición. Entre ellos aparecen representantes de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Corrientes y Salta.
La mirada puesta en Salta
La posición de Flavia Royón genera especial atención porque representa a una provincia atravesada por fuertes disputas en torno a la explotación de recursos naturales, especialmente el litio, además de contar con extensas zonas de frontera.
Organizaciones sociales, ambientalistas y sectores de la oposición sostienen que una eventual aprobación de la ley podría facilitar la adquisición de tierras estratégicas por parte de grandes capitales extranjeros y reducir los controles estatales sobre esos territorios. El Gobierno, en cambio, defiende la iniciativa como una medida para brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones.
Con un escenario extremadamente ajustado, el voto de un puñado de senadores —entre ellos la representante salteña— podría terminar definiendo el futuro de una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei.