La investigación sobre el patrimonio del actual Jefe de Gabinete suma nuevos datos vinculados a movimientos de fondos, operaciones inmobiliarias y gastos de alto perfil.
La situación judicial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que trascendieran nuevos detalles de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra. La investigación apunta a movimientos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares, montos que generarían inconsistencias respecto a sus ingresos oficiales como funcionario nacional.
En las últimas semanas también se conocieron informes sobre viajes realizados en jet privado hacia Punta del Este y gastos asociados a vuelos internacionales adquiridos por su entorno familiar. Estas revelaciones alimentaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos y mediáticos, especialmente por el contraste entre el discurso oficial de austeridad y el nivel de gastos atribuido al funcionario.
Otro de los puntos sensibles de la causa gira en torno a una operación inmobiliaria bajo sospecha. Testimonios incorporados al expediente mencionan un supuesto pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura formal, una situación que podría agravar las acusaciones vinculadas a maniobras irregulares y falta de transparencia patrimonial.
Mientras la investigación avanza, Adorni evitó profundizar públicamente sobre el expediente, aunque aseguró que hablará “más de lo que se imaginan” cuando su situación judicial lo permita. Desde la oposición sostienen que el caso golpea la credibilidad del Gobierno y reabre el debate sobre los controles patrimoniales de los funcionarios públicos.