El Ejecutivo adjudicó ocho corredores viales que abarcan más de 3.900 kilómetros y alcanzan a 11 provincias. Las empresas privadas tendrán a su cargo la operación, el mantenimiento y las obras bajo un esquema de concesión que contempla el cobro de peajes.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de la privatización de las rutas nacionales y adjudicó ocho corredores viales que suman más de 3.900 kilómetros.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 1379/2026 y forma parte de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. Los corredores quedaron en manos de distintos consorcios y empresas privadas, que tendrán concesiones por un período de 20 años.
El esquema contempla la explotación de las rutas mediante peajes y establece que los operadores privados estarán a cargo de tareas de mantenimiento, operación y ejecución de obras.
La nueva etapa alcanza a 11 provincias y extiende el proceso de transferencia de corredores viales al sector privado que impulsa la administración de Javier Milei.
El Gobierno sostiene que el objetivo es garantizar inversiones y mejorar la infraestructura sin recurrir a fondos del Tesoro. Sin embargo, la medida también abre interrogantes sobre el costo que tendrá para quienes utilizan diariamente las rutas nacionales y sobre el control estatal de un servicio estratégico para la comunicación y el transporte.
Entre las provincias alcanzadas aparece Salta, junto con Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.
La decisión se conoce además en medio de cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales y por el destino de recursos que habían sido recaudados específicamente para infraestructura vial.