El Ejecutivo reglamentó mediante decreto el nuevo Régimen Penal Juvenil, que alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años. La normativa establece mecanismos de supervisión, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.
El Gobierno nacional reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, que establece cómo se aplicará el sistema para adolescentes de entre 14 y 17 años en la Justicia nacional y federal.
La normativa formaliza la aplicación de la Ley 27.801 y establece un esquema diferenciado respecto del régimen penal de adultos. A partir de los 14 años, los adolescentes podrán ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal.
El nuevo sistema contempla la posibilidad de imponer condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad, aunque bajo procedimientos específicos para personas menores de edad.
Uno de los principales cambios es la creación de la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar al adolescente durante el proceso judicial. Para ejercer esa función se requerirá formación en áreas como educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
También se crea un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Durante una primera etapa se elaborará un listado provisorio de profesionales y los jueces serán quienes seleccionen a los supervisores para cada causa.
La reglamentación establece además un Comité Interministerial integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. El organismo tendrá entre sus funciones coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de trabajar sobre las medidas alternativas previstas por la legislación.
A nivel federal funcionará también una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a coordinar criterios entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La adhesión de las jurisdicciones será voluntaria.
El decreto incorpora asimismo garantías para las víctimas, como asistencia especializada, tutela efectiva y patrocinio jurídico gratuito.
La implementación del nuevo régimen abre ahora una etapa de adaptación para jueces, fiscales, defensores y demás operadores judiciales, que deberán recibir capacitación específica para aplicar el nuevo sistema.