El fallo dejó vigente la obligación de actualizar salarios, becas y partidas para las universidades nacionales.
La Corte Suprema rechazó un planteo presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fortalece el reclamo de las universidades públicas, que desde hace meses vienen denunciando dificultades presupuestarias y pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores.
Rectores, gremios y organizaciones estudiantiles sostienen que la decisión judicial elimina los argumentos para postergar la aplicación de la norma, que contempla actualizaciones salariales y la recomposición de becas estudiantiles.
El conflicto universitario se mantiene como uno de los principales frentes abiertos entre el Gobierno nacional y el sistema público de educación superior, luego de numerosas movilizaciones y protestas realizadas en todo el país.