La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso medidas preliminares para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño y determinar si hubo irregularidades en su traslado hacia Estados Unidos. La investigación apunta a establecer qué información manejaban los organismos argentinos y si existió colaboración de funcionarios del Gobierno nacional.
La salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina quedó bajo investigación judicial. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó preservar registros de cámaras de seguridad y solicitar informes a distintos organismos estatales para esclarecer las circunstancias del viaje del dirigente brasileño hacia Estados Unidos.
La medida responde a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de una denuncia que involucra al presidente Javier Milei y a otros funcionarios nacionales por una presunta intervención irregular en el traslado de Bolsonaro.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la conservación de las filmaciones del paso fronterizo Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Brasil, y del aeropuerto internacional de Iguazú. También se requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones y a Cancillería para determinar si existieron alertas, comunicaciones oficiales o pedidos de cooperación de las autoridades brasileñas relacionados con la situación judicial del senador.
Uno de los puntos centrales es establecer qué controles se realizaron durante el ingreso y la posterior salida de Bolsonaro, quien viajó junto a su esposa y sus dos hijas en un avión privado con destino a Estados Unidos.
La denuncia sostiene que el dirigente brasileño tenía restricciones judiciales para abandonar Brasil, dispuestas por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. Por eso, la investigación busca determinar si las autoridades argentinas tenían conocimiento de esa situación y si correspondía activar mecanismos de cooperación internacional.
La presentación judicial fue impulsada, entre otros, por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien denunció un posible encubrimiento y abuso de autoridad por parte de funcionarios del Ejecutivo. También se investigan posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y el eventual uso irregular de recursos estatales.
En paralelo, la Justicia Federal de Puerto Iguazú desestimó la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano respecto de posibles irregularidades en el ingreso de Bolsonaro y su familia al país. El fiscal de esa jurisdicción consideró que no encontró anomalías en los controles migratorios y que no existía una orden de captura internacional que impidiera su ingreso.
Sin embargo, las actuaciones vinculadas con una eventual responsabilidad de funcionarios nacionales fueron remitidas a los tribunales federales de Retiro.
Por el momento, las medidas dispuestas por Capuchetti son preliminares y no implican que se haya comprobado la comisión de delitos. La fiscalía deberá evaluar la documentación y los registros solicitados para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación política entre Javier Milei y el espacio de Jair Bolsonaro, además de abrir interrogantes sobre el papel que desempeñaron los organismos argentinos en una operación que terminó con el dirigente brasileño fuera de su país.