Con compromisos millonarios en el horizonte, el Gobierno enfrenta un dilema clave: cuándo y cómo volver a los mercados internacionales de crédito sin agravar la fragilidad financiera.
El riesgo país se mantiene en torno a los 500 puntos, un nivel que refleja tanto cierta estabilidad financiera como las persistentes dudas del mercado sobre la sostenibilidad de la deuda argentina. En ese escenario, el sector público nacional enfrenta vencimientos por más de 10.000 millones de dólares durante lo que resta de 2026.
Los compromisos incluyen pagos a acreedores privados, organismos internacionales y el Club de París, lo que obliga al Ejecutivo a definir una estrategia precisa de financiamiento. La discusión interna gira en torno a si es conveniente retomar el acceso al crédito externo en el corto plazo o postergar esa decisión para evitar tasas elevadas y mayor dependencia financiera.
En paralelo, recientes modificaciones presupuestarias reavivaron tensiones políticas, especialmente por la reasignación de fondos hacia la Ciudad de Buenos Aires. El debate por la deuda soberana se cruza así con la disputa fiscal y la necesidad de sostener un delicado equilibrio macroeconómico en un año cargado de vencimientos.