La Justicia suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil
La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo régimen que establece la posibilidad de responsabilizar penalmente a adolescentes desde los 14 años. La medida pone un freno concreto a una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de seguridad.
La decisión fue tomada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo.
El argumento central del fallo apunta a las condiciones materiales para implementar la reforma. La Justicia advirtió que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos y las condiciones institucionales necesarias para absorber a los adolescentes que quedarían alcanzados por el nuevo régimen.
En particular, el fallo alerta sobre el riesgo de que la incorporación de más jóvenes al sistema penal derive en situaciones de hacinamiento y, lejos de reducir la violencia, termine profundizando los niveles de conflictividad dentro de los establecimientos destinados a menores.
La suspensión tendrá una duración inicial de 60 días. Durante ese período, las autoridades bonaerenses deberán informar qué medidas están tomando y cuáles son sus planes para garantizar la aplicación del nuevo régimen.
Además, se fijó para el 16 de septiembre una audiencia en la que funcionarios de la provincia deberán brindar explicaciones sobre la infraestructura disponible, el personal especializado y las condiciones existentes para implementar la reforma.
La resolución no implica, por el momento, una declaración de inconstitucionalidad de la norma nacional. El planteo judicial se concentra en la posibilidad concreta de aplicarla en territorio bonaerense sin vulnerar derechos fundamentales de los adolescentes.
El fallo vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión que excede la discusión sobre la edad: qué recursos, instituciones y políticas públicas necesita el Estado para abordar los delitos cometidos por adolescentes y evitar que el sistema penal termine profundizando la exclusión y la violencia.